COLOMBIA, 26 de agosto de 2026. La Corte Constitucional de Colombia avaló la mayoría de los artículos de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, tras un extenso análisis que superó las nueve horas de discusión. Este pronunciamiento representa un avance significativo en la aprobación de un sistema de pensiones que busca fortalecer la protección social, si bien algunos puntos con reparos fueron devueltos a la Cámara de Representantes para su revisión y ajuste.
El alto tribunal declaró exequibles 92 artículos de la reforma, consolidando los pilares solidario, semicontributivo y contributivo del nuevo esquema pensional. Entre los aspectos destacados se encuentra la reducción progresiva de semanas de cotización para las mujeres, un cambio que promete mejorar las condiciones de acceso a la pensión para este grupo poblacional.
La implementación de esta reforma, inicialmente programada para el 1 de julio de 2025, ha sido postergada y ahora se proyecta su entrada en vigencia para abril de 2027. Este nuevo plazo está supeditado a que la Cámara de Representantes subsane en un término máximo de 30 días hábiles los vicios de procedimiento señalados por la Corte en la tramitación del proyecto.
Reacciones políticas al fallo de la Corte Constitucional
La decisión generó diversas reacciones dentro del espectro político colombiano, reflejando la polarización existente frente a las reformas estructurales del actual gobierno. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro destacó este avance como un triunfo para su administración y para el “pueblo trabajador”, señalando que de las tres grandes reformas del mandato presidencial —laboral, pensional y de salud— solo resta pendiente la del sector salud.
En contraste, figuras del Centro Democrático como el expresidente Álvaro Uribe manifestaron preocupaciones sobre el impacto financiero a largo plazo de la reforma. Uribe llamó a reconsiderar el manejo de los fondos privados y la eliminación de subsidios que, según su visión, podrían generar desigualdades. Además, congresistas afines a esta bancada, como el senador Andrés Forero y el representante Daniel Briceño, advirtieron sobre posibles afectaciones a los jóvenes cotizantes y a las personas con ingresos bajos, además de criticar el proceso legislativo.
Por otro lado, legisladores que respaldan al gobierno, entre ellos María Fernanda Carrascal y Jaime Raúl Salamanca, resaltaron el papel constructivo de la Cámara de Representantes en la elaboración de la norma y afirmaron que, aunque existen ajustes por hacer, lo esencial de la reforma ha sido reafirmado. Según el senador Hernán Cadavid, las correcciones solicitadas no alteran el carácter de la reforma, a la que calificó como “nefasta”.
De igual manera, congresistas como Gabriel Becerra y María Eugenia Londoño subrayaron los beneficios en términos de derechos para adultos mayores y mujeres, resaltando el reconocimiento de un ingreso digno en la vejez y la disminución progresiva de requisitos para acceder a la pensión.
Contexto y próximos pasos
El aval de la Corte Constitucional llega luego de un proceso de revisión que suspendió la entrada en vigencia de la reforma en 2025, por presuntas irregularidades en su trámite legislativo. La decisión condiciona la vigencia del nuevo sistema pensional a que la Cámara de Representantes corrija los aspectos señalados dentro del plazo establecido.
Este resultado cierra una etapa importante en la agenda económica y social del gobierno Petro, la cual ha estado marcada por grandes transformaciones y un alto nivel de debate político, especialmente en materia de seguridad social y protección para los sectores más vulnerables.
Fuente: El Espectador
Redacción ColombiaPrensa
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