COLOMBIA, 9 de septiembre de 2026. El uso de imágenes de cadáveres durante operaciones militares recientes en Colombia ha generado críticas desde distintos sectores, en especial tras la publicación oficial del video de la llamada “Operación Azarías” en San José del Guaviare. En este material, el presidente Abelardo de la Espriella aparece vestido con prendas militares caminando entre bolsas con cuerpos de presuntos disidentes de las FARC, una escena que ha sido calificada como una “necro-estética” y cuestionada por su impacto moral y político.
El gobierno nacional, liderado por la administración de derecha encabezada por de la Espriella, ha presentado esas imágenes como un balance en materia de seguridad. Sin embargo, esta puesta en escena ha sido considerada una ruptura con la ética institucional y un retroceso respecto a estándares de respeto y dignidad humana consolidados en años recientes, contrastando con la sobriedad republicana esperada en la comunicación oficial sobre acciones legítimas de combate contra la delincuencia armada.
Críticas contundentes han surgido desde la oposición, entre ellas la del expresidente Gustavo Petro, quien calificó la exhibición de los cuerpos como una forma de convertir la muerte en un trofeo y una estrategia que carece de valores fundamentales. La referencia a “gente sin alma” resuena como un cuestionamiento directo a la postura del actual gobierno frente al conflicto armado y a la forma en que se comunica.
Desde un punto de vista jurídico, las preocupaciones se centran en la posible vulneración del Derecho Internacional Humanitario, en particular del principio de distinción, dado que el Instituto de Medicina Legal reportó el ingreso de tres menores de edad muertos en bombardeos realizados en las operaciones recientes. La senadora Jennifer Pedraza señaló que si bien el reclutamiento forzado por grupos armados es un delito, el Estado ha fallado tanto en proteger a los menores como en evitar que estos se conviertan en objetivos militares, desatando una escalada de violencia que afecta gravemente a las comunidades.
Las ofensivas militares, incluyendo la “Operación Amón” y acciones en el Catatumbo, han generado temor y zozobra entre la población rural, con reportes de viviendas afectadas y la presencia creciente de actores paramilitares. La vuelta a políticas de seguridad con un marcado carácter militarista coincide también con cambios en otros ámbitos gubernamentales, como el Ministerio de Educación, donde han surgido debates sobre la influencia en la educación pública y la consolidación de una agenda conservadora.
Este panorama evidencia un viraje hacia una estrategia de comunicación y de seguridad basada en la exposición pública de resultados en términos de cuerpos abatidos, que puede resultar en una victoria militar para la actual administración, pero que plantea un debate sobre el impacto ético, social y político de priorizar la imagen de eficacia sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad.
La discusión abre interrogantes sobre la relación entre el Estado y la sociedad en Colombia, especialmente en la manera en que se reporta y representa la guerra y sus consecuencias, y sobre el rumbo que toma la gobernanza en torno a la gestión del conflicto armado y la construcción de paz.
Redacción ColombiaPrensa
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