COLOMBIA, 3 de octubre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó una decisión contundente respecto a las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, enfatizando que deberán responder por el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y la legalidad de sus operaciones.
En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en la red social X, el mandatario reiteró la importancia de que estas empresas cuenten con la licencia de funcionamiento obligatoria, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1920 de 2018, denominada ley del vigilante. Este instrumento legal exige que las cooperativas especializadas en vigilancia adjunten a su solicitud de licencia documentos que demuestren la aprobación del régimen laboral y de seguridad social por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El presidente De La Espriella destacó que algunas compañías han tenido sus licencias suspendidas o canceladas por presuntos vínculos con grupos criminales, como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de irregularidades en el control de armas. Enfatizó que la seguridad privada no debe convertirse en una fachada para actividades ilegales.
En cumplimiento de esta política, ordenó al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero, intensificar la persecución contra las fachadas utilizadas por delincuentes para armarse y protegerse. Según informó, la Superintendencia avanza en investigaciones contra al menos cuatro empresas con sanciones administrativas en curso:
– La empresa Maximus tiene la licencia cancelada.
– Para Blink, Lost Prevention y Atenas, existen decisiones de cancelación en trámite pendientes de quedar en firme.
– OL Security Group–Servisecurity tiene su licencia suspendida y el proceso de cancelación está en curso.
El presidente enfatizó que habrá controles rigurosos y búsquedas que abarquen todo el territorio nacional, “departamento por departamento, rincón por rincón”, para erradicar cualquier fachada que sirva a actividades delictivas. Además, advirtió que quienes sean responsables de irregularidades, en particular sobre el destino de armas faltantes, deberán responder ante la justicia, sin importar la identidad o cargo que ostenten.
Este llamado del gobierno se da en un momento en que la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada buscan reforzarse para garantizar la legalidad y la seguridad ciudadana. El cumplimiento estricto de la ley del vigilante pretende evitar que estructuras delictivas utilicen este sector como cobertura para sus operaciones ilegales.
La medida está en línea con las políticas implementadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de otorgar, suspender o cancelar las licencias de funcionamiento de estas empresas, así como de verificar el cumplimiento de las normativas laborales y administrativas.
En síntesis, la directiva presidencial busca fortalecer el control sobre el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, con miras a impedir la infiltración criminal y garantizar la transparencia y legalidad en su funcionamiento.
La información fue reportada inicialmente por Red+ Noticias el 1 de octubre de 2026, con participación del presidente Abelardo De La Espriella en redes sociales y comunicaciones oficiales.
Redacción ColombiaPrensa
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