COLOMBIA, 16 de septiembre de 2026. La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de las recientes operaciones militares ejecutadas por el Gobierno de De la Espriella. En una declaración publicada el 15 de septiembre, Marín hizo un llamado al Estado para que adopte medidas contundentes de protección, especialmente ante la posible presencia de menores reclutados por grupos armados en las zonas donde se desarrollan estos operativos.
La funcionaria institucional señaló que resulta preocupante que la muerte de menores en bombardeos se convierta en un suceso cotidiano y recalcó la responsabilidad estatal de actuar con precaución cuando exista la probabilidad de que niños o adolescentes estén localizados en áreas de conflicto. “No nos podemos acostumbrar a que en todos los bombardeos haya menores de edad muertos”, afirmó.
Marín afirmó que el reclutamiento de menores por grupos armados es un crimen de guerra, y aunque estas estructuras sean las responsables directas de vincular a niños con hostilidades, esto no exime al Estado de sus obligaciones en materia de protección. “El Estado es, por decirlo de alguna manera, el adulto responsable en esta situación”, dijo la defensora.
Adicionalmente, destacó que la posible presencia de menores debe considerarse desde la planificación de los operativos militares, tomando en cuenta regiones donde el reclutamiento es recurrente como Guaviare, Cauca y Catatumbo. En estos casos, explicó, las autoridades deben incorporar la información sobre la presencia de estructuras armadas en la definición de objetivos, la evaluación de riesgos y el diseño de medidas preventivas antes de ejecutar cualquier ataque.
La defensora también enfatizó que los menores reclutados continúan siendo víctimas, aunque participen directamente en los enfrentamientos armados, y advirtió sobre el riesgo de asumir que un niño o adolescente es combatiente solo por estar en un campamento o acompañado por integrantes de grupos armados. Esta perspectiva, que calificó como institucional de la Defensoría del Pueblo, busca evitar estigmatizaciones y dejar claro que la responsabilidad del Estado no se puede eludir por las acciones ilegales de los grupos armados.
Marín puntualizó que las medidas de protección deben ser preventivas y comenzar desde la planeación y evaluación previa de los operativos; limitarse a confirmar la presencia de menores después de las acciones militares puede implicar responsabilidades estatales. “La decisión del Estado tiene que ser protegerlos”, concluyó.
En una misma entrevista, la defensora se refirió también a la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de evitar el uso explícito de la palabra “niñas” en su comunicación institucional. Para Marín, esta cuestión va más allá de la lingüística y afecta la representación de la realidad y, en consecuencia, el diseño de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las personas. Destacó que, aunque el masculino plural puede incluir a hombres y mujeres según la Real Academia Española, la Corte Constitucional ha subrayado la necesidad de visibilizar de manera expresa a mujeres y niñas en las políticas de protección.
Por ello, advirtió que dejar de nombrar explícitamente a las niñas podría contribuir a invisibilizar sus necesidades dentro de las políticas públicas relacionadas con la infancia.
Estas declaraciones fueron publicadas por el portal El Irreverente el 15 de septiembre de 2026, destacando la posición de la Defensoría del Pueblo en torno a la protección integral de menores en contextos de conflicto armado y la responsabilidad del Estado para garantizar sus derechos fundamentales.
Redacción BusinessCol
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