COLOMBIA, 22 de julio de 2026. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta tras un incremento significativo de violencia entre los días 14 y 17 de julio en los departamentos de Arauca y Vichada, donde se registraron ataques con explosivos, hostigamientos y enfrentamientos armados que dejaron muertos, heridos, desplazamientos forzados y afectaciones graves a la población civil.
En Arauca, la entidad reportó un atentado con explosivos perpetrado el 16 de julio contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame. La acción fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y causó la muerte de dos policías y una mujer civil, además de herir a nueve uniformados. Este ataque se presentó muy cerca de centros educativos donde permanecen menores indígenas, situación que expone a esta población vulnerable a riesgos directos derivados del conflicto armado.
Por su parte, en Vichada, durante la madrugada del mismo día, se produjo un ataque armado contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, ubicado en jurisdicción de Cumaribo. Este suceso causó la muerte de tres jóvenes indígenas y heridas a una mujer de 45 años. El ataque también generó desplazamientos de familias indígenas y la destrucción de viviendas mediante incendios.
La Defensoría del Pueblo recordó que la Alerta Temprana 017 de 2024 ya había advertido sobre la alta probabilidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en estas zonas, debido a la presencia activa de grupos armados ilegales, entre ellos la Segunda Marquetalia, el ELN, disidencias de alias “Iván Mordisco” y el Clan del Golfo.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales a fortalecer las acciones de protección y prevención, asegurando una atención integral a las comunidades afectadas. La entidad también pidió mantener una presencia institucional permanente y coordinada que garantice la protección efectiva de los derechos de la población civil, en especial los derechos de los menores de edad y las comunidades indígenas.
Asimismo, reiteró la exigencia a todos los grupos armados para que respeten estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, protegiendo a la población civil y los bienes de carácter civil, y evitando que los menores de edad sean víctimas directas del conflicto.
La Defensoría concluyó que estos hechos constituyen graves violaciones al derecho internacional humanitario y son actos condenables bajo la legislación colombiana y los compromisos internacionales del país. La entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, haciendo seguimiento permanente a esta situación y exigiendo respuestas efectivas de las autoridades.
Redacción ColombiaPrensa
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