COLOMBIA, 16 de septiembre de 2026. La Defensoría del Pueblo de Colombia participó en el evento internacional “Más allá de la criminalización: transformando la gobernanza migratoria”, realizado en Suiza en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta reunión, diferentes entidades internacionales expusieron los riesgos de vincular la migración irregular con la criminalidad, una asociación que puede derivar en exclusión social, episodios de expulsión y un aumento en la vulnerabilidad frente a redes de trata y tráfico de personas, así como el debilitamiento del acceso a la justicia y a servicios esenciales para las personas migrantes.
Según cifras oficiales de Migración Colombia al corte de enero de 2026, en el país residen más de 2.840.000 personas venezolanas, de las cuales el 82 % se encuentran en situación de migración regular. La Defensoría del Pueblo destacó la importancia de abordar esta realidad migratoria a través de un enfoque integral que considere cinco componentes esenciales: monitoreo y prevención, vigilancia y protección, iniciativas legislativas, promoción y divulgación, además de la articulación interinstitucional e internacional.
Adicionalmente, la entidad resaltó el trabajo efectuado en regiones fronterizas como el Darién, mediante el Programa de Defensores y Defensoras Comunitarios y las Estrategias Integrales de Intervención Territorial. Esto con el objetivo de documentar los riesgos que enfrentan las personas en movilidad humana regular y prevenir crisis humanitarias vinculadas a estos movimientos poblacionales.
Impacto de la criminalización y alternativas propuestas
Durante el encuentro internacional, los participantes coincidieron en que la criminalización de la migración no reduce los flujos migratorios, sino que empuja a las personas migrantes a adoptar rutas más peligrosas, exponiéndolas a situaciones de trata, explotación y detenciones arbitrarias por parte de organismos de control. De esta manera, la Defensoría reafirmó la necesidad de invertir en alternativas comunitarias que garanticen los derechos humanos y fortalezcan una gobernanza migratoria autónoma, que cuente con presencia territorial y capacidad de coordinación regional.
El llamado de la Defensoría del Pueblo se extendió a los gobiernos y organismos internacionales para que, en los procesos vinculados con la migración externa, se garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil, se respalde el monitoreo territorial hecho por instituciones nacionales de derechos humanos y se asegure la participación efectiva de las personas en movilidad humana en la construcción de las políticas públicas que les conciernen.
Marco para políticas de integración a largo plazo
La dinámica migratoria en Colombia, con un alto porcentaje de migrantes regulares, evidencia la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la integración sostenible y el reconocimiento pleno de los derechos de la población migrante. Esta visión apunta a superar las respuestas temporales y a fomentar mecanismos que contribuyan a la inclusión social y económica de las personas en situación de movilidad humana.
La Defensoría del Pueblo pone especial énfasis en consolidar estrategias políticas y territoriales que respondan a los retos que implica la movilidad internacional dentro del contexto colombiano, haciendo énfasis en la prevención de crisis humanitarias y la protección integral de los derechos humanos de los migrantes.
Esta información fue divulgada por la Defensoría del Pueblo y recogida en Caracol Radio el 15 de septiembre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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