COLOMBIA, 26 de octubre de 2026. La discusión y aprobación del proyecto de Ley de Competencias en el Congreso de la República atraviesa un momento crítico tras la salida del Ministro del Interior, Rodrigo Lara. Esta iniciativa legislativa es considerada clave para avanzar en la descentralización de recursos, permitiendo que municipios y departamentos gestionen sus finanzas con mayor autonomía.
El proyecto fue retirado semanas después de que comenzara el nuevo gobierno, pero se espera que sea radicado nuevamente en la primera semana de noviembre. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si se cumplirán los tiempos establecidos para su trámite, o si la norma quedará archivada de manera definitiva.
El senador Héctor Espinosa resaltó la importancia de que esta discusión sea prioritaria para otorgar mayor autonomía a las regiones, lo que implicaría una gestión más independiente de los recursos públicos. Por otro lado, el senador Hernán Cadavid indicó que es necesario primero archivar el proyecto presentado por el gobierno anterior para que el nuevo ejecutivo pueda radicar una propuesta alineada con su visión sobre la descentralización.
Impacto en el Acto Legislativo y la experimentación territorial
Para que el acto legislativo aprobado por el Congreso en diciembre de 2025 entre en vigor, es indispensable la aprobación previa de esta ley reglamentaria. Sin ella, la reforma contemplada en dicho acto legislativo no podrá aplicarse, lo que representaría un retraso en el proceso de modernización y descentralización territorial en Colombia.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior había contemplado la inclusión de una figura innovadora dentro de la ley denominada “ley de experimentación territorial”, que permitiría a un territorio específico probar durante un tiempo determinado un modelo diferente de ejercicio de competencias. El propósito de esta iniciativa es evaluar con evidencia el funcionamiento del modelo antes de su adopción nacional, evitando así decisiones basadas únicamente en la intuición o en criterios políticos sin soporte técnico.
Este mecanismo busca, además, generar aprendizaje y ofrecer insumos para fortalecer la gestión pública regional, contribuyendo a la construcción de una descentralización progresiva y ajustada a las necesidades de los territorios.
La actual demora y la complejidad en la radicación y trámite del proyecto representan un desafío importante para el avance de las reformas políticas y administrativas en Colombia, que buscan optimizar la administración territorial y fortalecer la autonomía regional como parte de una política de Estado.
Redacción ColombiaPrensa
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