COLOMBIA, 18 de noviembre de 2026. La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, presentó una denuncia relacionada con nombramientos presuntamente irregulares realizados durante los últimos días del gobierno anterior. Según la auditoría realizada por la nueva administración, entre el 4 y el 6 de agosto de 2026 se habrían efectuado 23 nombramientos en cargos de planta sin la debida publicación oficial de los actos administrativos.
De acuerdo con el informe, 14 de estas personas tenían vínculo previo con la entidad antes de la publicación formal de sus nombramientos. Adicionalmente, ocho de estos procesos habrían omitido cumplir los requisitos legales establecidos para dichos cargos.
Entre los casos señalados, seis cargos estuvieron relacionados con el despacho del director anterior, correspondiendo a dos secretarias y cuatro asesores que, sin cumplir el proceso legal adecuado, habrían ascendido a puestos de carrera en áreas como la secretaría general, la contratación, el talento humano y otras direcciones misionales dentro del DPS.
Asimismo, 14 funcionarios se habrían posesionado antes de la publicación oficial de las resoluciones que formalizan dichos cargos, lo que representaría una vulneración a las normativas de transparencia y publicidad vigentes en la administración pública.
Otras irregularidades detectadas en la entidad
La funcionaria también señaló otros aspectos irregulares sobre la gestión del programa Colombia Mayor bajo la administración anterior. Mencionó que quedaron ciclos del programa sin cubrir financieramente, indicando que para el año 2026 se requerían recursos por valor de 8.4 billones de pesos, pero solo se dispuso de 4.6 billones.
Además, expuso que dos ciclos de pagos solo se realizaron hasta finales de febrero de 2026, y que el ciclo correspondiente a marzo permaneció sin ejecución clara, generando atrasos en la entrega de subsidios a los beneficiarios. Mencionó que pagos como el del ciclo 6 de junio se habrían realizado hasta agosto, y que el ciclo siguiente no comenzó debido a la falta de presupuesto, quedando una brecha financiera superior a cuatro billones de pesos sin cubrir.
Estas denuncias buscan esclarecer la gestión administrativa del DPS en la transición entre gobiernos y fortalecer los mecanismos de control para evitar nuevas irregularidades en una entidad clave para la protección social de la población vulnerable en Colombia.
Por el momento, las autoridades competentes tendrán que evaluar las evidencias presentadas para determinar eventuales responsabilidades administrativas o legales frente a estos hechos.
Redacción ColombiaPrensa
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