DNI solicitó acceso al censo electoral a Registraduría antes de elecciones de 2026, según documentos revelados

Judicial & Legal

COLOMBIA, 17 de noviembre de 2026. Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) revelan que esta entidad solicitó formalmente a la Registraduría Nacional una copia detallada del censo electoral colombiano varios meses antes de las elecciones presidenciales de 2026. La petición, firmada por René Guarín, director encargado de la DNI, buscaba acceder a información individualizada de ciudadanos habilitados para votar, con el argumento de proteger la seguridad nacional.

La solicitud enviada el 9 de abril requería un archivo plano con datos como número de cédula, género, edad, grupo poblacional, ubicación del puesto de votación y estado de vigencia. Esta información no se limitaba a números totales sino a detalles individualizados que permitieran un análisis profundo. Sin embargo, según la información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la petición carecía de un soporte legal claro que justificara la entrega de estos datos sensibles.

Ante esta situación, la Registraduría Nacional negó la solicitud, apoyándose en argumentos legales para rechazar la entrega del censo electoral detallado. El rechazo ha generado un intenso debate sobre el alcance y control de las agencias de inteligencia en Colombia, sobre todo cuando se trata de información electoral que podría afectar la transparencia y seguridad del proceso democrático.

Presunto plan de ciberataques contra la Registraduría

Además de la solicitud de datos, los documentos internos de la DNI revelan la existencia de un plan para atacar los sistemas informáticos de la Registraduría. En los informes se menciona la supuesta amenaza de un grupo liderado por Carlos Oyola, un hacker con orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, semanas antes de la primera vuelta presidencial.

El plan consistía en alterar datos electorales y sistemas de la autoridad electoral con el fin de cambiar resultados o crear problemas tecnológicos durante el proceso, especialmente en la jornada de votación del 21 de junio. Pese a la captura del señalado hacker el 13 de noviembre, durante el proceso electoral se reportaron ataques informáticos masivos contra la página de la Registraduría, con más de 109 millones de intentos reportados a la Fiscalía, ninguno de los cuales logró afectar el sistema electoral.

Preocupaciones por la seguridad y legalidad de la solicitud

Expertos en temas electorales han mostrado preocupación por las implicaciones de haber entregado una base de datos completa y detallada del censo electoral a una entidad de inteligencia. Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, manifestó sorpresa ante la solicitud y destacó la inexistencia de precedentes similares en la historia electoral colombiana.

Galindo advirtió que la información solicitada podría abrir la puerta a filtraciones que comprometan la privacidad y seguridad de los votantes, así como a posibles manipulaciones electorales. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que entregar datos detallados puede facilitar delitos electorales como constreñimiento, compra de votos o presiones a los ciudadanos.

Barrios destacó la necesidad de debates serios sobre el rol que debe jugar la DNI en un sistema democrático, subrayando la importancia de controles estrictos sobre sus actuaciones, especialmente cuando esta agencia depende de la Presidencia y opera sin mecanismos efectivos de supervisión.

Implicaciones para la democracia y el control institucional

La revelación de estos hechos ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia, el respeto de derechos y los límites en las funciones de los organismos de inteligencia en Colombia. La solicitud de datos electorales personales por parte de la DNI, acompañada del plan para posibles ataques informáticos a la autoridad electoral, plantea desafíos para la institucionalidad democrática y la confianza en los procesos electorales.

Estas circunstancias han generado un llamado para que se establezcan mecanismos de control más rigurosos y que el funcionamiento de la DNI sea objeto de revisión y regulación, en busca de garantizar la protección efectiva de la privacidad de los ciudadanos y la integridad del sistema electoral.

Redacción ColombiaPrensa

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