COLOMBIA, 17 de noviembre de 2026. El Congreso de la República inició una cuenta regresiva de un mes para que se adelanten y aprueben diversas leyes clave para el gobierno de Abelardo De la Espriella, antes del cierre de las sesiones ordinarias el próximo 16 de diciembre. Entre estas iniciativas destaca la reforma tributaria, conocida como ley de rescate fiscal, con la que se busca sanear las finanzas públicas y reducir el tamaño del Estado mediante la venta o cierre de algunas entidades gubernamentales.
El trámite de la reforma tributaria, presentado hace dos semanas, ha atravesado un camino complicado. El gobierno inicialmente propuso que solo la coalición oficialista tuviera los ponentes de las comisiones económicas para evitar ponencias negativas y la participación de la oposición. Esta estrategia encontró oposición y se permitió que diferentes sectores pudieran intervenir, conforme a la tradición legislativa.
Un avance importante se registró cuando el presidente De la Espriella anunció que revertiría la intención de incluir ciertos productos básicos de la canasta familiar, como café, azúcar y la mayoría de frutas, en el listado de bienes gravados con IVA. Esta medida fue uno de los principales obstáculos para la aprobación de la ley, dado que varios partidos políticos, incluida la oposición, expresaron su preocupación por el impacto en los consumidores.
Partidos como el Centro Democrático y el Conservador han manifestado su apoyo a la postura presidencial. Honorio Henríquez, presidente del Senado, celebró la decisión de no incrementar el IVA en productos esenciales y aseguró que continuarán trabajando para construir consensos que permitan aprobar una Ley de Rescate Fiscal que atienda la crisis financiera del país, promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció desde su bancada para insistir en la aprobación de la iniciativa que alivie la carga de los avalúos catastrales, considerados excesivos en varias regiones del país.
Además de la reforma tributaria, otras legislaciones económicas que cuenta el gobierno para tramitar en estas semanas incluyen modificaciones presupuestales para 2026 para atender compromisos generados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, un presupuesto bianual de regalías para el periodo 2027-2028 y un nuevo estatuto antitrámites, el cual ya pasó de las comisiones a las plenarias.
Por otro lado, el gobierno ha tenido derrotas legislativas con la imposibilidad de avanzar en el acto legislativo antimermelada, de iniciativa del exministro Rodrigo Lara, que requería ocho debates para su aprobación, cuatro de ellos antes del 16 de diciembre y que hasta la fecha no han tenido ponentes asignados.
En incertidumbre permanecen dos proyectos adicionales: el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente De la Espriella, cuyo trámite no ha comenzado formalmente debido al cambio reciente en el Ministerio del Interior y la falta de apoyo suficiente en el Congreso; y un proyecto para establecer a Barranquilla como capital alterna frente a Bogotá, en línea con la descentralización promovida por la Presidencia.
En materia de reformas constitucionales, esta legislatura ha sido poco fructífera. Un proyecto para limitar la prórroga a la Justicia Especial para la Paz (JEP) hasta 2028 en lugar de 2033, impulsado por el abelardista Enrique Gómez, tiene pendiente su discusión en plenaria y en la Cámara de Representantes antes del cierre del periodo. Por otra parte, una iniciativa uribista para permitir que la justicia ordinaria revise fallos de la JEP relacionados con militares ya fue hundida por falta de tiempo.
Otra propuesta constitucional busca impedir que una persona que haya sido alcalde de Bogotá pueda aspirar a la Presidencia en el mandato inmediatamente posterior.
Dados los complejos debates y el tiempo límite, se prevé que el gobierno de Abelardo De la Espriella podría convocar a sesiones extraordinarias para garantizar la aprobación de estas reformas, especialmente la reforma tributaria, que sigue sin contar con ponencia formal a cuatro semanas para el cierre de las sesiones ordinarias. El objetivo es que la ley pueda estar avalada en plenarias y promulgada antes de finalizar 2026, con miras a enfrentar la situación fiscal y promover la estabilidad económica del país.
Redacción ColombiaPrensa
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