COLOMBIA, 22 de septiembre de 2026. Las empresas de servicios públicos agrupadas en Andesco pidieron al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocar el nuevo marco tarifario para el servicio de aseo aprobado hacia el final del gobierno de Gustavo Petro. Esta solicitud se produjo luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidiera la resolución 1040, que establece cómo funcionarán las tarifas para los prestadores que atienden a más de 5.000 clientes en zonas urbanas.
El cambio tarifario, implementado tres días antes de la salida de la administración Petro, fue justificado por el anterior gobierno como un impulso a la economía circular, enfocado en promover la estrategia Basura Cero e incentivar la separación y aprovechamiento de residuos. Sin embargo, el gremio empresarial considera que esta regulación no refleja los costos reales del servicio, como insumos esenciales tales como bolsas para recolección, y omite factores importantes del contexto nacional, entre ellos el aumento de más del 23% en el salario mínimo.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, expresó que la resolución incluye elementos no previamente discutidos con el sector, lo que ha generado incertidumbre jurídica y preocupación sobre la sostenibilidad financiera de las empresas y la calidad del servicio para cerca de 36 millones de usuarios. Señaló además la necesidad de garantizar una participación ciudadana efectiva y transparente, evitando que las nuevas reglas tengan efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas y asegurando el cumplimiento de los criterios legales para las decisiones tarifarias.
El proceso para adoptar esta regulación fue complejo y estuvo marcado por tensiones en el sector público. La resolución fue suspendida en varias ocasiones debido a recusaciones contra miembros de la CRA, hasta que el gobierno optó por tramitar un procedimiento abreviado para resolverlas. En el contexto del debate, el exviceministro de Agua Edward Libreros fue destituido por orden presidencial, hecho presentado públicamente como resultado de su cercanía a las peticiones de Andesco.
Desde Andesco se insiste en que la revocación del marco tarifario vigente es necesaria para proteger la seguridad jurídica de los prestadores, garantizar la continuidad del servicio y evitar perjuicios económicos que puedan afectar a los usuarios y a las empresas. Actualmente, el nuevo gobierno tiene pendiente revisar la normativa y definir si se mantiene, modifica o anula la resolución 1040 expedida en los últimos días del mandato anterior.