(Colombia, Lunes 17 de Junio del 2019) En una estrategia dirigida a la transformación y modernización del agro colombiano, el Gobierno nacional determinó implementar un programa de adecuación de tierras para incrementar la productividad agropecuaria en 150.000 hectáreas.
Esta medida, que hace parte del paquete de disposiciones incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad“, es clave para mejorar la productividad y rentabilidad del sector agropecuario en los próximos cuatro años.
La adecuación de tierras es un servicio público que comprende la construcción de infraestructura de riego y drenaje, complementada por otros servicios para mejorar la productividad agropecuaria.
Sin embargo, en Colombia no se ha aprovechado la adecuación de tierras de forma estratégica y, de hecho, presenta un rezago en la cobertura de este servicio público: de 18,4 millones de hectáreas que pueden desarrollarse potencialmente con riego y drenaje, apenas 1,1 millones de hectáreas cuentan con el servicio, es decir, una cobertura del 6 %.
En contraste, otros países de la región reconocen la importancia del riego en el sector agropecuario, como es el caso de México con una cobertura del 66 % de su potencial, Chile con 44%, Perú 40 %, Brasil 18 % y Argentina 15 %.
Con el fin de abaratar el acceso de los productores del agro a los servicios de riego y drenaje, la Nación subsidiará el 50% del costo de la energía eléctrica y el gas natural que consuman los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos en su operación.
“La política de adecuación de tierras es decisiva para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural, donde es urgente avanzar en la reducción de la pobreza y la inclusión social”, precisó la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso.
En este sentido informó que el 50% de la inversión en el sector agricultura se destinará a la provisión de bienes y servicios públicos para elevar la productividad y crecimiento del sector.
Uno de los retos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, explicó, es aumentar el área para fines agropecuarios. El 13% del suelo rural esta subutilizado.
La meta es optimizar la gestión de los actuales distritos de riego y promover la construcción de nuevos distritos, inclusive a través de alianzas público – privadas (APP).
Se recuperarán y pondrán en marcha los tres grandes proyectos de riego que el país no ha culminado: Ranchería, en La Guajira; El Triángulo del Tolima, y Tesalia – Paicol en el Huila. Con esta sola medida se ampliará la cobertura en riego a unas 50 mil hectáreas.
La política de adecuación de tierras, según el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, estará acompañada de asistencia técnica, infraestructura vial, innovación, sistemas de comercialización y formalización en la propiedad de la tierra, en el marco del CONPES 3926 de 2018 donde se definen una serie de lineamientos de política prospectiva al 2038.
Adicionalmente, el articulado previsto en la Ley del Plan incorpora una serie de medidas orientadas a generar las condiciones institucionales requeridas para mejorar la prestación del servicio público de adecuación de tierras (establecimiento de tarifas, fomento de actividades para mejorar la productividad agropecuaria; esquemas de financiamiento, creación de una dependencia en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar labores de inspección, vigilancia y control del servicio público de adecuación de tierras, entre otros).
Mas competitividad internacional
Uno de los factores que permitirán al agro mejorar la productividad, la rentabilidad y ser competitivos en el mercado internacional es generar fuentes de agua para las actividades agrícolas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cultivo de arroz en el Tolima con irrigación tiene unas productividades de siete toneladas por hectárea, mientras en Casanare y Meta, donde predomina la producción de arroz secano, la productividad es de cinco toneladas por hectárea. Lo mismo puede suceder con plantaciones de aguacate, palma de aceite, frutales y caña panelera.
De los $1,096 billones que vale el plan de inversiones 2018-2022 del Gobierno Nacional, $227,4 billones se destinarán a programas y proyectos para apoyar el desarrollo económico y social de la ruralidad colombiana.
Las inversiones, que permitirán el rescate de la productividad y una sustancial reducción de la pobreza en las zonas rurales, están incluidas de manera transversal en los diferentes pactos del Plan Nacional de Desarrollo.
La agenda rural del Plan propende por aumentar la productividad y la extensión agropecuaria, reconoce el valor de la biodiversidad y de los recursos naturales y su uso sostenible de tal manera que sea posible “producir conservando y conservar produciendo”.
Incluye una política social que conecte a la población pobre y vulnerable del campo con los mercados y las oportunidades, para que tengan acceso a servicios sociales como educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad con lo cual es posible mejorar de manera sostenible sus condiciones de vida.
Fuente: www.dnp.gov.co