COLOMBIA, 22 de octubre de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La medida se enmarca dentro de la iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, destinada a combatir la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
Roa, quien fue presidente de la estatal petrolera hasta el 30 de julio de 2026, enfrenta procesos judiciales en Colombia por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y violación de topes en gastos de campaña electoral. El 11 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación le imputó el supuesto cargo de tráfico de influencias en el marco de una investigación que incluye la compra de un apartamento en Bogotá y posibles conexiones con contratos adjudicados por Ecopetrol durante su administración. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, la Fiscalía también le imputó la presunta violación de límites en los gastos de la campaña presidencial de 2022, en la cual Roa tuvo un papel como gerente.
Cabe señalar que estas imputaciones no implican una sentencia condenatoria y que en medio de los procesos Roa solicitó una licencia no remunerada que inició el 7 de abril de 2026, previo a su salida definitiva de la presidencia de Ecopetrol.
Medidas y alcance de las sanciones
La acción de Estados Unidos también afecta a otros funcionarios y exfuncionarios colombianos: el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña, el senador electo Wadith Manzur, la representante electa Karen Manrique, los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y el excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. Las restricciones de visado incluyen la prohibición de entrada no solo para estos individuos, sino también para sus familiares.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que dichas medidas responden a los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por combatir la influencia de redes criminales dentro de las instituciones colombianas, incluyendo poderes judiciales, fuerzas policiales y el Congreso. Esta política migratoria fue anunciada oficialmente el 28 de septiembre de 2026 y está dirigida a ciudadanos extranjeros cuya conducta afecta la estabilidad y la transparencia de gobiernos en América Latina a través de la corrupción y actividades ligadas al narcotráfico.
Contexto y repercusiones
Ricardo Roa es una figura cercana al presidente Gustavo Petro, y su vinculación a estas investigaciones y sanciones ocurre en un contexto donde el combate a la corrupción y al narcotráfico es un eje central en la agenda gubernamental y en las relaciones internacionales de Colombia. La afectación a altos funcionarios y exfuncionarios genera un impacto político y reforzará la vigilancia sobre los procesos administrativos y judiciales relacionados con funcionarios que han ocupado cargos estratégicos.
Estas acciones externas evidencian la relevancia del escrutinio internacional sobre la gestión pública en Colombia y el compromiso de Estados Unidos con las políticas anticorrupción, lo que puede influir en la credibilidad y estabilidad institucional de cara a futuros procesos electorales y de gobierno.
Redacción ColombiaPrensa
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