COLOMBIA, 29 de septiembre de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocatoria inmediata de las visas de ingreso del empresario Euclides Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, junto con sus núcleos familiares directos, como parte del Escudo de las Américas, una política regional destinada a combatir la corrupción y el narcotráfico. La medida fue informada el 28 de septiembre por la diplomacia estadounidense.
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Piggot, indicó que la decisión afecta a dos personas vinculadas a investigaciones en Colombia relacionadas con posibles aportes políticos irregulares y hechos de corrupción. Esta acción se extiende a otros países de la región, incluyendo Bolivia, Ecuador y Perú, donde también se adoptaron restricciones para actores señalados por corrupción, como el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
La revocatoria a Torres y Peralta ya había sido anticipada. El 8 de junio de 2026, durante la campaña presidencial colombiana, el entonces candidato Abelardo de la Espriella notificó a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., de un listado con cerca de 30 dirigentes políticos del Caribe colombiano que estarían involucrados en delitos electorales y corrupción. Entre los mencionados estaban la senadora Marta Peralta y el empresario Euclides Torres, junto a figuras como Carlos Caicedo, Eduardo Pulgar, Agmeth Escaf, y miembros del clan de los hermanos Calle, entre otros.
De la Espriella vinculó sus señalamientos a denuncias sobre presunta compra de votos, votaciones atípicas y presiones a electores en zonas con influencia de grupos armados ilegales. Al respecto, el presidente de Colombia ratificó su respaldo a la medida del Departamento de Estado, enfatizando que la lucha contra la corrupción es prioritaria y debe impedir que quienes enfrentan investigaciones por manejo irregular de recursos públicos puedan circular libremente en la región.
Según el mandatario, “los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”. Además, anunció que se avecinan nuevas medidas administrativas para ampliar esta política anticorrupción, incluyendo listados ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) como mecanismos para bloquear la impunidad.
Euclides Torres, oriundo del Atlántico, es reconocido por liderar el Clan Torres, una estructura político-empresarial con presencia en el Caribe colombiano que agrupa diversas empresas vinculadas a licitaciones y concesiones públicas, entre ellas, el Sistema de Control y Vigilancia para trámites de tránsito (Sicov) y concesiones de alumbrado público. Su nombre ganó trascendencia nacional tras investigaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por su parte, Martha Peralta es abogada y líder indígena del pueblo wayuu, senadora de la República y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Ha desempeñado cargos en el Congreso, incluida la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, y es conocida por respaldar reformas sociales del Gobierno nacional. Sin embargo, su trayectoria política quedó asociada a una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos irregulares relacionados con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro.
Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha informado si los demás políticos señalados en la lista de De la Espriella enfrentarán restricciones similares sobre sus visas. La decisión de revocar las visas a Torres y Peralta marca un paso en la cooperación bilateral y hemisférica para fortalecer mecanismos contra la corrupción y garantizar la transparencia en la región.
Redacción ColombiaPrensa
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