COLOMBIA, 21 de octubre de 2026. Enrique Vargas Lleras, codirector del partido Cambio Radical y hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, anunció que presentará una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La denuncia se relaciona con presuntos delitos de soborno de testigos y concierto para delinquir, vinculados al llamado ‘pacto de Valledupar’.
Según Enrique Vargas Lleras, mientras Germán Vargas Lleras permanecía en cuidados intensivos, el expresidente Petro y funcionarios de su gobierno habrían intentado obtener declaraciones de exparamilitares contra el exvicepresidente, el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe. Esta acción, señaló, refleja el legado criminal que según él deja Petro. La denuncia será presentada en representación de la familia Vargas Lleras junto con la bancada de Cambio Radical.
Además, Enrique Vargas Lleras indicó que se contemplan acciones ante autoridades internacionales, incluso la posible solicitud de extradición.
Contexto del pacto de Valledupar
El pacto de Valledupar hace referencia a una reunión llevada a cabo entre el 22 y 24 de octubre de 2025 en el hotel El Bosque, en Valledupar, que reunió a 10 de los 16 principales excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes fueron designados gestores de paz por la administración de Petro. El propósito oficial de la reunión fue avanzar en compromisos relacionados con el acuerdo de Santa Fe de Ralito (2003) sobre la desmovilización de las AUC. Sin embargo, reportes periodísticos han señalado indicios de que durante este encuentro se intentó que exparamilitares emitieran declaraciones contra varios dirigentes políticos.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que delegados del Gobierno de Petro le pidieron a los excomandantes de las AUC que acusaran a Vargas Lleras, a Álvaro Uribe y al presidente Abelardo de la Espriella con fines electorales, pero señaló que ninguno aceptó participar en tal solicitud. El abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, confirmó presenciar estas reuniones, aunque manifestó que no se concretó ningún pacto, pues los excomandantes paramilitares se negaron a colaborar en estas peticiones.
Reacciones oficiales y proceso judicial
El expresidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones y afirmó que no existe ninguna prueba que respalde la supuesta orden de presionar testigos para declarar contra sus opositores políticos. “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin pruebas”, dijo.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que el 31 de agosto de 2026 inició una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con base en una denuncia presentada por los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo. Ese mismo día, se remitieron copias para que la Comisión de Acusación investigara las posibles conductas del entonces presidente Petro, órgano competente dada la condición de expresidente y el fuero constitucional que conserva.
Además, la Procuraduría General adelanta investigaciones contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora de la Dirección de Asuntos Políticos y Relaciones con el Congreso (DAPRE), Angie Rodríguez, por su presunta relación con los hechos. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía investigar si se ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares a cambio de sus testimonios.
En paralelo, Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, solicitó que el gobierno de Estados Unidos investigue de manera rigurosa lo relacionado con el pacto de Valledupar, lo que añade un componente internacional a la investigación.
El caso continúa bajo seguimiento por parte de las autoridades colombianas e internacionales, mientras las partes involucradas aguardan las decisiones que se tomen en el marco de los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes.
Redacción ColombiaPrensa
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