COLOMBIA, 25 de julio de 2026. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exfuncionario del Ministerio de Defensa, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros del Ejército Nacional.
El contrato en cuestión, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por un valor cercano a 32 millones de dólares, fue adjudicado a Vertol Systems Company, representada por Montgomerie. Según la investigación fiscal, esta empresa no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de las aeronaves rusas MI-17.
Durante el proceso contractual, que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2024, la Fiscalía detectó un presunto direccionamiento para favorecer a esta empresa mediante la utilización de una modalidad de contratación inapropiada y ajustes en las condiciones para facilitar su adjudicación. Además, Buitrago Galán, quien fue director de Logística de la Dirección de Contratación Estatal, habría dado instrucciones para favorecer al contratista y coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados.
También se estableció que Buitrago actuó como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización de 36 millones de dólares que fue tenida en cuenta para estructurar el contrato. La Fiscalía indicó que él conocía informes que alertaban sobre la falta de capacidad de la empresa en aspectos técnicos, legales y financieros.
Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie participaron en reuniones clave para la estructuración del contrato. Uribe Forero, además, mediaba en la modificación de la forma de pago, autorizando un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, a pesar de que las actividades ejecutadas hasta entonces correspondían a poco más de 2 millones y medio de dólares.
En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró incumplido el contrato ante la falta de mantenimiento efectivo de las aeronaves, hecho que motivó una intervención más profunda de la Fiscalía. Por este motivo, a Buitrago se le formuló imputación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que a Uribe Forero y Montgomerie se les imputaron varios delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Ninguno de los imputados aceptó cargos. La Fiscalía subrayó que estas irregularidades reflejan serias deficiencias en los procesos de contratación pública, especialmente en sectores estratégicos como el de defensa nacional, y reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción.
La investigación también incluye a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación, quien habría asumido funciones que no le correspondían para garantizar la adjudicación del contrato a Vertol mediante la orden verbal de tramitar el contrato por contratación directa, sin estudios jurídicos que respaldaran esta decisión. Además, Suárez presuntamente presionó a los funcionarios para flexibilizar los requisitos y pidió apoyo a la Aeronáutica Civil para agilizar verificaciones técnicas favorables a la empresa involucrada.
Otros funcionarios vinculados en las actuaciones para sacar adelante el trámite contractual son el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio.
Según reportes, una visita técnica a las instalaciones de Vertol en Florida evidenció que dicha empresa carecía de capacidad para realizar el mantenimiento mayor requerido. A pesar de ello, el contrato continuó, con un avance del 8 % registrado en julio de 2025.
La próxima diligencia judicial quedó programada para el lunes 27 de julio de 2026, cuando continuará la audiencia de imputación contra Suárez Soto, en la que la Fiscalía buscará demostrar que el proceso contractual fue direccionado desde el inicio para beneficiar a una compañía en particular.
Redacción ColombiaPrensa
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