COLOMBIA, 25 de julio de 2026. Un reportaje difundido el 25 de julio por una revista nacional reveló evidencias que comprometerían a Juliana Guerrero y su hermana Verónica en un presunto esquema de corrupción relacionado con la gestión y adjudicación de contratos en ministerios del Gobierno Nacional.
Según la información publicada, la investigación comprende un período que va desde el segundo semestre de 2024 hasta marzo de 2025 y describe un entramado que incluiría cobros millonarios a empresarios a cambio de gestiones para acceder a proyectos en entidades como los ministerios de Vivienda y del Interior.
Las pruebas documentales citadas incluyen testimonios, conversaciones por aplicaciones de mensajería, audios, tiquetes aéreos y registros de consignaciones bancarias. En este presunto esquema se contemplaban tarifas específicas: un pago inicial de un millón de pesos por reuniones, un anticipo que alcanzaba los 200 millones de pesos y además un 10 % sobre el valor total de cada proyecto adjudicado.
En las conversaciones incluidas en la publicación, Juliana Guerrero asumiría el papel de gestora ante las entidades gubernamentales, mientras que su hermana Verónica Guerrero se encargaría de la comunicación con los empresarios interesados y con un intermediario identificado como David Trespalacios, señalado como una persona cercana a la familia y a la vez receptor de los pagos. Este último, según los reportes, habría participado en la distribución del dinero entre las involucradas y terceros.
Uno de los testimonios reservados señala que a los empresarios se les ofrecieron proyectos como instalación de cámaras de seguridad, desarrollo de acueductos y mejoramiento de viviendas en departamentos como el Cesar, además de gestiones para reuniones con alcaldes y funcionarios. De acuerdo con el testigo, se pactaron pagos de 35 millones de pesos por municipio adjudicado y el 10 % sobre el monto asignado a cada programa de mejoramiento de vivienda.
La publicación también detalla la vinculación directa de Verónica Guerrero con Edward Libreros, quien era viceministro de Agua y Saneamiento Básico en ese período, en la gestión de un proyecto de acueducto. Al respecto, aparecen comprobantes de tiquetes aéreos que facilitaron el desplazamiento para reuniones vinculadas con este proyecto. Además, se identifican mensajes intercambiados en los que se discuten avances presupuestales, reuniones oficiales y demoras en la liberación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), atribuidas en algunos casos a prioridades gubernamentales distintas.
Así mismo, la información indica que el flujo de dinero inició a través de anticipos dirigidos a cuentas personales, evidenciado en chats donde empresarios informaban consignaciones y solicitaban verificación de las mismas. Por ejemplo, un empresario reportó un pago de cinco millones de pesos, dirigido inicialmente a la cuenta de Juliana Guerrero.
El análisis de los mensajes sugiere también que las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia en varios ministerios más allá de los ya mencionados, como el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente y otras entidades del Gobierno, en algunos casos sin desempeñar cargos oficiales. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, mencionó en entrevista que ambas tenían capacidad para influir en decisiones sobre contratación y nombramientos, a pesar de no ser funcionarias públicas.
La publicación aclara que estos indicios y testimonios conforman parte de investigaciones en curso y no constituyen una sentencia condenatoria. Las autoridades competentes continúan el proceso para determinar responsabilidades de acuerdo con la normatividad vigente.