COLOMBIA, 15 de octubre de 2026. La Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en la sede nacional de Bomberos tras denuncias presentadas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre presuntas irregularidades en contratos suscritos durante el gobierno anterior. La investigación busca esclarecer la correcta destinación de recursos y posibles omisiones en los procesos de contratación.
El pasado 7 de octubre, el ministro Lara dio a conocer los resultados de una auditoría forense en la Dirección Nacional de Bomberos, evidenciando supuestas inconsistencias en la contratación de bienes y servicios para atender la emergencia ocasionada por el frente frío que afectó a varios departamentos en Colombia.
La emergencia, declarada a partir del 11 de febrero y con vigencia de 30 días calendario según el decreto 0150 de 2026, abarcó regiones como Córdoba, Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esa declaratoria facultaba al gobierno para adoptar medidas excepcionales mediante decretos legislativos y efectuar contrataciones directas para atender la situación.
En este contexto, el Ministerio del Interior señaló que durante la emergencia algunos contratos relacionados con los Bomberos se realizaron sin licitación pública, aparentemente bajo la justificación de la urgencia propia a la situación. Se denunció que hubo contratos “a dedo” por un valor aproximado de 42.000 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo con la auditoría presentada, solamente una pequeña fracción, cerca de 313 millones de pesos, se habría utilizado para atender directamente las afectaciones de la emergencia en los ocho departamentos. El dinero restante parecería haber sido destinado a la adquisición de equipos y materiales como trajes de incendio, equipos de respiración y materiales para manejo de incendios forestales, que no correspondían directamente a las necesidades generadas por las inundaciones propias del frente frío.
Además, se reveló que uno de los contratos investigados fue firmado con la empresa Makei Soluciones en Barranquilla. Inicialmente, este contrato estaba valorado en 16.000 millones de pesos, pero terminó ampliándose hasta 24.000 millones de pesos, y su firma se efectuó después del vencimiento de la declaratoria de emergencia, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y oportunidad de dicha contratación.
Otro aspecto relevante es que estas contrataciones se realizaron durante la vigencia de la ley de garantías, periodo previo a las elecciones, el cual restringe ciertos procesos contractuales por el riesgo de influencias electorales, lo que también ha motivado cuestionamientos.
La Fiscalía continúa con la recolección de información y evidencias para determinar si hubo desviaciones en los recursos asignados, incumplimientos normativos y posibles responsabilidades administrativas o penales. Paralelamente, la denuncia fue presentada también a la Contraloría y Procuraduría General de la Nación para que actúen en sus respectivas competencias de control fiscal y disciplinario.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia y el rigor en la aplicación de la justicia para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la institucionalidad en la gestión de emergencias.
Redacción ColombiaPrensa
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