COLOMBIA, 27 de octubre de 2026. En las primeras diez semanas de su gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha aprobado un acuerdo para realizar operaciones militares conjuntas con tropas estadounidenses dentro del territorio colombiano, generando un importante debate sobre la soberanía nacional y el papel del Congreso en la autorización de estas acciones.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció al comenzar el mandato de De la Espriella que se llevarían a cabo estas operaciones conjuntas, y hacia finales de octubre, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM) estadounidense, se reunió con los altos mandos militares colombianos para planificar estas acciones. Desde entonces se ha confirmado la presencia de aeronaves y tropas estadounidenses en Colombia, incluyendo al menos un operativo con helicópteros Venom en el puerto de Tumaco, en la costa pacífica.
Estas operaciones se han presentado oficialmente como medidas para combatir el narcotráfico y grupos armados considerados una amenaza por Washington y aliados. Sin embargo, la oposición política y diferentes sectores sociales alertan sobre la violación de la Constitución colombiana, que exige autorización previa del Senado para el tránsito de tropas extranjeras en el país.
El líder opositor Iván Cepeda ha presentado una acción de tutela para impedir estas operaciones sin el aval legislativo. También otros congresistas del Pacto Histórico han promovido iniciativas judiciales para exigir transparencia y cumplimiento de los requisitos constitucionales, señalando que el gobierno no ha respondido adecuadamente requerimientos de información.
Históricamente, Colombia ha mantenido una estrecha cooperación militar con Estados Unidos desde mediados del siglo XX, con transferencias de equipo, capacitación y ejercicios conjuntos orientados a temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia, firmado en el año 2000, marcó un incremento sustancial de esta cooperación, aunque en ese momento la participación directa de tropas estadounidenses en combates se mantenía limitada y sujeta a regulaciones específicas.
No obstante, la administración de Abelardo de la Espriella ha marcado un cambio significativo al autorizar operaciones conjuntas con despliegue físico de tropas norteamericanas en el país, lo que constituye un salto cualitativo en la relación militar bilateral y plantea debates sobre la autonomía y el control institucional colombiano.
El despliegue en Tumaco tiene una dimensión estratégica adicional, pues esta ciudad portuaria es un punto clave en la infraestructura petrolera y las rutas comerciales entre Colombia y Ecuador. En este contexto, la alianza entre ambos países con la presencia militar de Estados Unidos configura un panorama de mayor intervención en asuntos relacionados con la seguridad binacional y recursos naturales.
También se reportó la participación del Comando Sur estadounidense en una operación militar conjunta en el Catatumbo para el rescate de rehenes, aunque sin detalles oficiales sobre la naturaleza exacta del apoyo estadounidense, salvo declaraciones de algunos funcionarios militares.
El gobierno ha defendido estas acciones como parte de su compromiso en la lucha contra organizaciones criminales y narcoterroristas. No obstante, algunos analistas y movimientos sociales advierten que esta política podría replicar errores del pasado, como la militarización exacerbada que no ha logrado estabilidad ni paz duradera, además de aumentar los riesgos para las comunidades rurales y afrodescendientes.
Frente a la resistencia legislativa y ciudadana, el Ejecutivo ha emitido un decreto que amplía las facultades de la policía para reprimir protestas consideradas violentas, incluyendo aspectos vagos como “alteraciones a la infraestructura crítica”, situación que genera preocupación por la posible criminalización de la protesta social.
El escenario que se dibuja evidencia una tensión entre la política de seguridad impulsada por el gobierno de De la Espriella con el respaldo militar de Estados Unidos y la defensa de la soberanía nacional y el control constitucional que exige la participación del Legislativo. La evolución de este conflicto institucional y social será determinante para definir el futuro de la relación bilateral y el respeto a los mecanismos democráticos en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.