COLOMBIA, 30 de septiembre de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha dado a conocer un proyecto de ley que busca regular en detalle el derecho a la protesta en Colombia. El documento, de 24 artículos y elaborado desde el Ministerio del Interior bajo la dirección de Rodrigo Lara, propone una nueva reglamentación de los protocolos y límites para las manifestaciones públicas, especialmente en espacios como las universidades públicas donde históricamente se han presentado diversas protestas.
La propuesta que fue conocida en su totalidad por El Espectador apunta a fortalecer la individualización y sanción de aquellos manifestantes que incurran en actos violentos o vandálicos. Se establece que, aunque se privilegie el diálogo y la mediación como la primera respuesta frente a conflictos sociales, este mecanismo solo aplica a la manifestación colectiva. Paralelamente, la fuerza pública podrá intervenir de manera inmediata contra individuos que cometan actos de violencia, retomando el canal de comunicación cuando cesen esos actos.
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la regulación de la presencia policial durante las protestas. El plan establece que la Policía Nacional deberá mantener un dispositivo a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes para proteger el ejercicio pacífico de la protesta, además de salvaguardar a terceros ajenos a las manifestaciones. Ante la detección de uso o porte de armas o agresiones, la fuerza pública está autorizada a intervenir conforme a las funciones legales que le competen, siempre bajo los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza en Colombia.
El texto también aborda aspectos relacionados con la continuidad de los servicios públicos durante bloqueos viales, una situación que ha sido recurrente en eventos de protesta, pero que en decretos anteriores no fue aclarada. El proyecto busca precisar claramente la responsabilidad de las autoridades y establecer mecanismos para garantizar que los servicios básicos no se vean interrumpidos injustificadamente.
Según cifras citadas por el Ministerio del Interior, desde la promulgación del decreto 003 de 2021, que reglamentó el accionar de la Fuerza Pública frente a protestas, la conflictividad social ha aumentado significativamente. Datos del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo registran 1.427 eventos en 2022, ascendiendo a 4.039 en 2025. El método predominante de protesta continúa siendo el bloqueo de vías, representando un 41% del total, y las manifestaciones relacionadas con temas de salud se incrementaron en un 121% en el último año reportado.
El presidente De la Espriella ha insistido en el respeto a la autonomía universitaria y al derecho a la protesta pacífica; sin embargo, ha advertido que se actuará con rigor contra quienes promuevan la violencia en estos escenarios, calificando estas conductas como un tipo de “terrorismo urbano” frente al cual la Policía debe responder con prontitud.
El proyecto impulsa un equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad pública, estableciendo un marco normativo que pretende evitar desbordes violentos y proteger a manifestantes pacíficos y a la ciudadanía en general. La medida busca responder a las crecientes tensiones sociales con una herramienta legal que permita abordar los diferentes tipos de protestas que se presentan en el país.
Este desarrollo normativo deberá avanzar ahora en el trámite institucional correspondiente para su discusión y eventual aprobación en las instancias legislativas. La sociedad civil, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos estarán atentos para garantizar que las garantías al derecho a la protesta sean respetadas y que cualquier regulación no restrinja la libertad de expresión ni la participación ciudadana.
El Espectador y Pulzo.com han informado sobre esta propuesta gubernamental, destacando su alcance y los desafíos que implica regular un derecho esencial en la democracia colombiana.
Redacción ColombiaPrensa
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