COLOMBIA, 13 de julio de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado la presentación de acciones legales contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Cenit, la filial de Ecopetrol especializada en transporte y logística de hidrocarburos. Estos procesos judiciales buscan esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras y en contratos suscritos por estas entidades que se habrían producido durante la administración anterior.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, líder del llamado “Equipo Dorado Anticorrupción”, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, señalando que las denuncias están fundamentadas en una serie de informes técnicos, auditorías, contratos, reportes periodísticos y advertencias preliminares emitidas por la Contraloría General de la República que no habrían sido atendidas oportunamente.
En el caso de la ANT, la denuncia penal solicita iniciar investigaciones formales por posibles delitos contra la administración pública en contra del exdirector Juan Felipe Harman, así como de otros posibles implicados aún por identificar. La denuncia se centra en un convenio celebrado por un valor aproximado de 500.000 millones de pesos entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que contemplaba la adquisición y entrega de predios en proceso de extinción de dominio para su adjudicación dentro del marco de la reforma agraria en Colombia.
Según los hallazgos presentados por el equipo de Calderón, si bien se habría desembolsado cerca del 80% de los recursos previstos, la ejecución efectiva del convenio apenas alcanzaría un 1%. Esto se atribuye a la inexistencia de escrituras públicas que validen la titularidad de los predios entregados a campesinos, exponiéndolos a la posibilidad de recibir tierras sin títulos legítimos y sin saneamiento jurídico, lo que motiva además la presentación de acciones disciplinarias y fiscales ante las autoridades competentes.
Respecto a Cenit, la denuncia se enfoca en un contrato de asesoría jurídica por valor de 23.600 millones de pesos suscrito con la firma Gesycobro S.A.S., compañía de reciente constitución con un capital social registrado de apenas 117 millones de pesos, además de carecer de experiencia acreditada en el sector energético o de hidrocarburos.
El director de Defensa Legal también señaló posibles conflictos de intereses vinculados con abogados de la firma contratista, quienes tendrían relaciones políticas con el exvicepresidente legal de Cenit, Jorge Edilson Murcia. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades judiciales para que adelanten las investigaciones correspondientes.
Estas acciones legales forman parte de una línea estratégica anunciada por el nuevo gobierno encaminada a combatir la corrupción en entidades públicas y empresas vinculadas al Estado, buscando transparentar la gestión administrativa y contractual, así como garantizar la restitución jurídica de derechos para los campesinos y otras víctimas de presuntas irregularidades.
El seguimiento a estas denuncias será realizado por los organismos de control y la justicia ordinaria, quienes tendrán a su cargo esclarecer responsabilidades y definir las posibles sanciones a quienes se compruebe hayan incurrido en conductas ilícitas durante la ejecución de estos contratos y convenios.
El Gobierno de De La Espriella reitera su compromiso con la institucionalidad, la defensa de los recursos públicos y la promoción de la legalidad, garantizando que la lucha contra la corrupción será una prioridad ineludible en su administración.
Redacción ColombiaPrensa
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