COLOMBIA, 11 de julio de 2026. El Ejército Nacional continúa sin disponer de los sistemas antidrones para la región del Catatumbo, a pesar de haber efectuado una inversión superior a 80.000 millones de pesos en la adquisición de estos equipos, según informó una investigación periodística. El contrato, firmado en 2025, contemplaba la entrega de 19 equipos – tres fijos y 16 semifijos – destinados a contrarrestar la escalada de ataques con drones cargados con explosivos en esta zona fronteriza.
La propuesta fue liderada por Codaltec, entidad encargada de concentrar la compra, que tercerizó el sistema australiano a través de un comercializador colombiano. Sin embargo, los sistemas adquiridos no superaron las pruebas técnicas, dado que no lograban detectar las amenazas enemigas, motivo por el cual fueron devueltos y el contrato se encuentra actualmente en fase de revisión por incumplimiento.
De acuerdo con fuentes del sector defensa citadas, los equipos, que debían entrar en operación en diciembre de 2025, recibieron una prórroga hasta febrero de 2026 para ser entregados. Esa extensión no fue suficiente y la evidencia del incumplimiento llevó a iniciar un proceso de debido diligenciamiento, que incluye control de fallas, intentos de conciliación y eventual activación de pólizas y sanciones contra el contratista.
La situación expresa un problema operativo grave para el Ejército, que afronta una creciente amenaza en la región. En lo corrido del año se han reportado 172 ataques con drones explosivos, que han dejado un saldo de seis militares y cinco civiles fallecidos, así como más de 140 heridos. El vacío operativo cobra relevancia, pues incluso resultó afectada infraestructura estratégica como parte del aeropuerto de Tibú, destruido en un reciente ataque con drones y que dejó tres civiles heridos.
Este incumplimiento contractual genera también un riesgo presupuestal, dado que los recursos asignados para el contrato podrían ser devueltos al tesoro nacional y quedar disponibles para ser reasignados por la próxima administración gubernamental, lo que además retrasa la respuesta institucional ante un contexto de violencia creciente.
El general (r) Erick Rodríguez, quien fue segundo comandante del Ejército durante la adjudicación del contrato, explicó que la directiva ministerial de agosto de 2025 ordenó que todas las compras antidrones fueran centralizadas por Codaltec, que carece de capacidad para fabricar dichos sistemas y optó por subcontratar. Según Rodríguez, la ficha técnica del sistema fue definida por la institución militar y entregada para su adquisición, pero el proveedor y fabricante elegidos no cumplieron con los parámetros establecidos.
En esencia, la falla en los equipos refleja un desfase entre los mecanismos institucionales para proveer seguridad en zonas vulnerables y la rapidez con que evoluciona la amenaza con el uso acelerado de drones explosivos por parte de grupos armados irregulares. El atraso en la puesta en marcha de los sistemas antidrones mantiene la exposición de la población civil y las fuerzas militares ante un riesgo inminente.
Mientras el caso se somete a procesos de revisión contractual y posibles sanciones, las operaciones militares en el Catatumbo enfrentan desafíos en materia de tecnología de defensa y protección, aspectos que siguen siendo prioridad para garantizar la seguridad regional y nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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