COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la próxima radicación en el Congreso de la República de un proyecto denominado estatuto antiterrorista, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales y grupos armados ilegales que afectan la seguridad en Colombia.
Esta iniciativa, presentada como una “vacuna contra la delincuencia” por el mandatario, busca establecer un marco legal robusto para combatir el terrorismo y actividades delictivas mediante la creación de un registro oficial de organizaciones terroristas. Además, el estatuto permitirá congelar bienes relacionados con estos grupos, prohibirá su contratación con entidades del Estado y contempla sanciones severas para conductas como el uso ilícito de drones y acciones violentas contra la Fuerza Pública.
El proyecto ha sido elaborado tras analizar comentarios recogidos durante su fase de borrador, y se encuentra listo para ser presentado en la semana del 12 al 18 de octubre ante el Legislativo. Según fuentes gubernamentales citadas por Semana, el estatuto estará conformado por dos normas: una ordinaria y otra estatutaria, que tras su trámite en el Congreso deberán ser revisadas por la Corte Constitucional.
De La Espriella también destacó que esta ley contempla ofrecer beneficios judiciales a quienes entreguen información efectiva antes de la acusación formal, con el fin de incentivar la colaboración en contra de los grupos ilegales. Además, explicó que el Estatuto permitirá aplicar el derecho internacional humanitario y otras medidas como acciones militares, siempre cumpliendo con los requisitos legales establecidos.
En su alocución, el presidente hizo énfasis en que esta implementación es necesaria para combatir el incremento de las acciones violentas, que en su opinión, han sido consecuencia de las políticas de paz total adelantadas durante la administración anterior. “Así como en la pandemia del COVID-19 la ciencia creó una vacuna, en Colombia debemos desarrollar esta vacuna para enfrentar la delincuencia”, señaló.
De otro lado, se refirió al decreto que reglamenta el derecho a la protesta social, con el cual el Gobierno pretende poner fin a los bloqueos de vías que afectan la producción y el trabajo en el país. Aseguró que este decreto busca diferenciar lo que la Constitución protege respecto a lo que la ley debe perseguir, garantizando que las manifestaciones pacíficas sean respetadas, pero no tolerando acciones que dañen el orden público o constituyan terrorismo urbano.
La iniciativa ha generado distintas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores aplauden la propuesta por considerar que es necesaria una legislación más severa para enfrentar la criminalidad. En cambio, representantes de la oposición han manifestado reservas, argumentando que podría afectar derechos y libertades con base en ideales progresistas.
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical y miembro de la Comisión Primera, defendió el decreto sobre la protesta como un instrumento indispensable para la seguridad nacional. “La protesta es un derecho constitucional, pero también debe garantizarse que no haya violencia”, declaró, al tiempo que criticó la postura de quienes fomentan movilizaciones que, según él, perjudican la estabilidad del país.
En el Congreso, el ambiente para el trámite del estatuto antiterrorista es positivo y el Gobierno cuenta con la mayoría necesaria para su eventual aprobación. El proceso incluirá además la discusión pública y la revisión constitucional correspondiente, aspectos que definirán el alcance final del proyecto.
Esta información ha sido reportada por Semana, fuente principal de los detalles sobre esta iniciativa legislativa.
Redacción ColombiaPrensa
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