COLOMBIA, 12 de noviembre de 2026. Un bombardeo realizado en octubre en el municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, que dejó un saldo de dos personas muertas y la incautación de material bélico, no está incluido en los registros oficiales de ataques contra grupos armados ilegales que reporta el gobierno nacional.
El operativo aéreo, conocido como “Operación Orión”, fue ejecutado por la Fuerza Pública sobre la finca El Retiro, en la vereda Caño Cadá, dirigida contra las disidencias de Iván Mordisco. Sin embargo, esta acción no aparece en el listado oficial de bombardeos a cargo del Ministerio de Defensa ni en los reportes de las Fuerzas Militares, que hasta la fecha registran ocho bombardeos durante los poco más de 100 días de administración del presidente Abelardo de la Espriella.
El hecho fue denunciado por la Asociación de Colonos del Alto Vichada (Asocoavi), los presidentes de juntas de acción comunal y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. Estas comunidades solicitaron información oficial sobre el bombardeo y señalaron que, entre los afectados, una persona que habita a casi 2 kilómetros del lugar sufrió daños psicológicos debido al ruido de las explosiones, situación agravada por un embarazo.
Este bombardeo ha generado controversia debido a la falta de comunicación pública por parte del gobierno, que en contraste ha divulgado con énfasis los resultados de otros ataques militares realizados contra grupos ilegales, como el realizado recientemente en Antioquia contra el Clan del Golfo, donde cayó alias “el negro Perea”. Además, se ha criticado la forma en que el presidente de la República ha exhibido su participación en estas operaciones, mostrando fotografías junto a cadáveres, lo que ha suscitado cuestionamientos desde sectores de la oposición.
Habitantes de la zona también reportaron daños en una vivienda y afectaciones en cultivos, lo que resalta preocupaciones sobre el impacto en la población civil, especialmente en un territorio que ha apostado por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Este contexto pone sobre la mesa el debate sobre la estrategia militar adoptada por el gobierno y los riesgos que conlleva para las comunidades rurales.
El gobierno ha mantenido en adelante sus bombardeos como una principal herramienta en su lucha contra estructuras armadas ilegales, sin embargo, la ausencia de este último bombardeo en los informes oficiales genera cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión en la divulgación de esta información. En total, con este bombardeo serían nueve las acciones aéreas ejecutadas en el actual mandato si se incluya este evento en los conteos oficiales.
Las autoridades militares no han emitido comunicados al respecto, ni han aclarado las razones por las cuales esta operación no fue reportada oficialmente, lo que mantiene abierta la inquietud respecto a la planificación y supervisión de estas intervenciones en territorios afectados por el conflicto armado.
Este episodio coincide con un contexto de expectativa pública sobre la política de seguridad del gobierno y sus métodos para enfrentar a los grupos armados ilegales, en un escenario donde la protección de las comunidades campesinas y el respeto a los derechos humanos siguen siendo temas centrales en el debate nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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