COLOMBIA, 10 de noviembre de 2026. El Gobierno Nacional presentó una propuesta para reducir en 8 billones de pesos los gastos de funcionamiento del Estado, como parte de un paquete de medidas incluidas en la Ley de Rescate Económico. Estas acciones buscan promover la austeridad y reorganizar las finanzas públicas, anunció Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público.
La iniciativa, que hace parte del proyecto de ley 477 de 2026 radicado en la Cámara de Representantes, está actualmente en trámite en la Comisión Tercera. Aunque el Ejecutivo ha estimado ahorros significativos, el impacto y aplicación de estas medidas dependen de la aprobación por parte del Congreso.
Entre los componentes principales del plan se encuentra una reducción del 20% en el gasto de personal del Estado, con una meta de ahorro de cerca de 11 billones de pesos. El ajuste se aplicaría en 2028 a las entidades del Presupuesto General de la Nación, exceptuando a la Fuerza Pública. Sin embargo, esta reducción corresponde al gasto total y no implica que todos los servidores públicos recibirán recortes directos en sus salarios, respetando los incrementos mínimos legales establecidos.
Además, el gasto en contratación mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) estaría sujeto a una reducción del 50% en términos presupuestales para 2027, respecto al gasto registrado en 2026. El proyecto contempla verificar que las actividades contratadas externamente no puedan ser asumidas por funcionarios de planta. A partir de 2028, la contratación externa no podría crecer por encima de la inflación anual.
En términos de gastos administrativos, el plan incluye un recorte de 4 billones de pesos, orientado a disminuir la burocracia estatal y mejorar la eficiencia. Entre las restricciones contempladas también se encuentran límites para las compras públicas, que no podrían crecer por encima de la inflación desde 2027 hasta 2030, con el objetivo de contener el aumento de los gastos operativos.
El Gobierno plantea asimismo reducir costos asociados a privilegios y gastos innecesarios, como viáticos, viajes, vehículos oficiales, celebraciones y publicidad oficial. En materia de publicidad, el proyecto busca que los recursos se destinen exclusivamente a la información ciudadana, excluyendo la promoción política o de gestión de funcionarios.
Otra iniciativa destacada de la Ley de Rescate económico es la venta de activos improductivos, que se estima genere ingresos superiores a 4 billones de pesos. Estos recursos contribuirían a mejorar la sostenibilidad financiera del Estado, aunque se deben distinguir de los ahorros derivados de la reducción del gasto público.
El proyecto también contempla que el Ejecutivo reciba facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades públicas consideradas innecesarias, con el fin de adelantar un proceso de reorganización administrativa. No obstante, el alcance de estas facultades y las entidades afectadas dependerán del articulado final aprobado por el Congreso.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la aplicación integral de las medidas de austeridad podría generar ahorros cercanos a 44,6 billones de pesos en 2027 y hasta 76,1 billones en 2030, cifras que permanecen como metas susceptibles a la aprobación legislativa y ejecución posterior.
El ministro Gómez Martínez destacó que estas acciones buscan que el Estado reduzca primero sus gastos, evitando primero trasladar nuevas cargas tributarias a los ciudadanos. En sus palabras, “la operación rescate empieza con el recorte más ambicioso que se haya planteado para acabar con el derroche del Estado” y “el Estado se aprieta primero el cinturón”.
La Ley de Rescate Económico sigue su curso en el Congreso, donde se definirán las condiciones precisas para implementar estos recortes, así como los controles y reglas de austeridad que marcarán la gestión del gasto público en los próximos años.
Redacción ColombiaPrensa
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