COLOMBIA, 29 de octubre de 2026. El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, presentó ante el Congreso una propuesta para modificar el Presupuesto General de la Nación con el fin de reasignar 750.000 millones de pesos, originalmente destinados al Metro de Bogotá y la calle 13, hacia la atención de una emergencia energética y otras prioridades nacionales para 2026.
Según explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, estos recursos se dividen en 313.000 millones de pesos que estaban destinados a la primera línea del Metro de Bogotá y 437.000 millones para la calle 13, uno de los corredores viales más importantes en la conexión entre Bogotá y el occidente de Cundinamarca.
La medida ha generado cuestionamientos en la capital del país y pone nuevamente en el centro del debate la continuidad y la financiación de estos proyectos estratégicos para la movilidad y la infraestructura urbana. La Empresa Metro de Bogotá reportó que al cierre de septiembre de 2026 la primera línea tenía un avance del 83,73%, mientras que la calle 13 cumple un papel fundamental en el transporte de la región.
Reacciones y responsabilidades
La controversia alcanza también al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien deberá aclarar cómo garantizará que la reprogramación presupuestal no afecte los tiempos ni la ejecución de estas obras. La administración distrital había acordado con el Gobierno nacional modificar el calendario de aportes por medio de un otrosí firmado el 31 de octubre de 2025, el cual buscaba reorganizar los desembolsos sin dañar la sostenibilidad financiera del proyecto, según lo informado entonces.
Este acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Transporte junto con el Distrito abre la discusión sobre la planeación financiera y la coordinación interinstitucional para el desarrollo del Metro de Bogotá, en especial frente a modificaciones presupuestales con impacto en la ciudad.
Contexto de la reasignación presupuestal
El traslado de estos recursos forma parte de una modificación más amplia al presupuesto que incluye 3,9 billones de pesos para responder a la crisis energética, las dificultades financieras de la empresa Air-e, que opera en la Costa Caribe, y la reconstrucción en 16 departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
De esta suma, 1,2 billones de pesos se destinarían a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de atender obligaciones relacionadas con las generadoras térmicas, y 2,7 billones irían al Fondo Milagro para los proyectos de reconstrucción. El Gobierno basa esta decisión en el escenario de riesgo para el abastecimiento eléctrico que genera el fenómeno de El Niño y el déficit financiero de Air-e.
El ministro Gómez Martínez señaló que los desembolsos de recursos para el metro ya habían sido reprogramados en la administración anterior, bajo el gobierno de Gustavo Petro, y justificó la necesidad de reorganizar partidas para responder a la emergencia actual sin eliminar las obligaciones financieras, sino reprogramándolas.
Expectativas y desafíos para Bogotá
A pesar de las explicaciones oficiales, la propuesta genera inquietudes sobre el posible retraso en los proyectos que impactan la movilidad de Bogotá y la conectividad regional. El alcalde Galán y el presidente Abelardo deberán ofrecer mayores informes y garantías a la ciudadanía sobre el destino final de estos recursos y el compromiso para retomar las obras con el cronograma previsto.
Por el momento, la modificación presupuestal requiere del aval del Congreso para su aprobación y aplicación efectiva. La expectativa está en conocer el seguimiento que harán las autoridades distritales y nacionales para que los recursos destinados inicialmente a infraestructura prioritaria no se conviertan en una afectación para la ciudad, mientras se atienden las necesidades emergentes del país.
Redacción ColombiaPrensa
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