COLOMBIA, 5 de noviembre de 2026. El gobierno nacional, a través de la Presidencia, reiteró su respaldo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, tras conocerse presuntas amenazas en su contra relacionadas con denuncias que presentó ante el Senado sobre posibles irregularidades durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Las amenazas surgieron luego de que Ríos expusiera a la Comisión Segunda del Senado una presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas con órdenes de prestación de servicios en la Dapre durante el gobierno anterior. Según la denuncia, estos contratos supuestamente financiados con recursos públicos habrían permitido la presencia de estas mujeres junto al expresidente Petro.
Desde la Casa de Nariño, la vocería oficial, encabezada por Miller Soto, informó que el caso es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se confirmó la apertura de una noticia criminal para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades. Adicionalmente, se dio cuenta sobre la detección de tres personas que ingresaron a la residencia del director del Dapre, asunto que ha generado gran preocupación por la hoja de vida de dichos individuos, quienes tienen antecedentes por múltiples homicidios y hurtos agravados.
Soto señaló que este ingreso no se limitó a la cercanía del domicilio, sino que las personas estuvieron dentro de la residencia, lo que representa un hecho grave en materia de seguridad para un alto funcionario del Estado. También se reportó la presencia de una persona más cerca al establecimiento educativo donde estudian los hijos del director, la cual logró huir al llegar la policía, y actualmente está siendo buscada por las autoridades.
Paralelamente, continuan las investigaciones judiciales en torno a las denuncias hechas por Deicy Jiménez contra el expresidente Petro, donde se le imputan presuntas irregularidades con contratos estatales y la existencia de un video que la denunciante asegura respalda sus acusaciones.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dispone una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recoger documentos relacionados con los contratos que Jiménez habría tenido con el Congreso. Por su parte, la Fiscalía General también realiza diligencias forenses sobre el teléfono celular de Jiménez para recolectar evidencia que sustente el proceso.
Finalmente, se informó que la declaración de Jiménez ante la Fiscalía sigue demorada debido a la renuncia de su abogado por motivos de seguridad, lo cual ha generado un retraso en la continuidad de la diligencia.
El gobierno nacional ha enfatizado que toma las amenazas contra el director Carlos Ríos y su familia con la máxima seriedad, garantizando protección y respaldo para que los procesos se desarrollen con total seguridad e imparcialidad.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.