Gobierno responde a señalamientos del senador Iván Cepeda contra Abelardo De la Espriella

Judicial & Legal

COLOMBIA, 29 de octubre de 2026. El Gobierno nacional rechazó los señalamientos formulados por el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo De la Espriella, a quien se le imputan presuntos vínculos con capitales asociados al narcotráfico y al paramilitarismo.

El ministro encargado de Justicia e Interior, Iván Cancino, manifestó que las denuncias deben estar respaldadas con pruebas ante las autoridades competentes, garantizando el respeto a la presunción de inocencia. En un video divulgado por el Ministerio de Justicia, Cancino afirmó que aunque el Ejecutivo apoya el control político y las investigaciones judiciales, estas deben sustentarse en elementos probatorios claros que permitan establecer eventuales responsabilidades.

El pronunciamiento se produjo luego de que Cepeda anunciara la presentación de una denuncia formal contra De la Espriella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por el presunto delito de concierto para delinquir. Asimismo, solicitó que se indaguen posibles conductas relacionadas con interés indebido en la contratación pública, tráfico de influencias, prevaricato y falsedad ideológica en documento público.

Críticas del Gobierno a las pruebas presentadas

El ministro Cancino consideró que los documentos expuestos por el senador, que incluyen organigramas empresariales, escrituras públicas y operaciones financieras, no constituyen pruebas contundentes por sí solos. Según señaló, estas evidencias son insuficientes para sustituir decisiones judiciales o respaldo testimonial, pericial y documental que se requiere en investigaciones de esta naturaleza.

Enfatizó en la necesidad de tramitar las acusaciones por los canales judiciales y respetar el debido proceso, asegurando que todas las denuncias son bienvenidas siempre que estén acompañadas de respaldo probatorio comprobable.

Denuncias presentadas por Iván Cepeda

Durante un debate en el Congreso, el senador presentó documentos financieros, folios de propiedades y decisiones judiciales que, según su interpretación, evidenciarían relaciones empresariales que involucran a personas cercanas al narcotráfico y al paramilitarismo. Un foco central fue la empresa Dominio De la Espriella, dedicada a la comercialización del ron Defensor, cuyos estados financieros muestran aportes relacionados con la familia y sociedad de Hugues Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’.

De acuerdo con los registros revelados por Cepeda, el entorno familiar de Rodríguez Fuentes y Monte Horeb Group representaron entre el 38 % y 41 % de los depósitos de capitalización de la empresa durante 2022 y 2023. También mencionó la compra de la finca Nueva Jerusalén, en Becerril, Cesar, realizada en 2013 a una hermana del alias ‘Comandante Barbie’, así como la vinculación del exsocio de De la Espriella Lawyers, Daniel Peñarredonda, con un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos.

Estas alegaciones han sido presentadas como solicitudes para investigar posibles conflictos de interés y conexiones entre negocios, manejo de tierras rurales y nombramientos en entidades públicas, pero hasta el momento son interpretaciones que deberán ser valoradas por las autoridades pertinentes.

Cuestionamientos a la oposición

El ministro Cancino también criticó a sectores de la oposición por lo que consideró una falta de rigurosidad en la atención hacia otros casos de presunta corrupción y vínculos criminales durante el Gobierno anterior. Reiteró que el mismo estándar de exigencia probatoria debe aplicarse a todas las denuncias independiente de la filiación política, señalando que el país merece conocer la verdad en su totalidad y no solo aquella que favorezca a determinados sectores.

La controversia evidencia la tensión política entre el senador Iván Cepeda y el Ejecutivo, que ahora se centra en el proceso que adelanten las instancias judiciales para evaluar y decidir sobre las denuncias presentadas. La administración de De la Espriella insiste en la necesidad de pruebas fehacientes que permitan avanzar con respeto al debido proceso y los derechos del presidente.

Redacción ColombiaPrensa

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