COLOMBIA, 3 de septiembre de 2026. El Gobierno nacional avanza en una estrategia para impedir que la delincuencia organizada continúe operando desde los establecimientos penitenciarios del país a través de llamadas y comunicaciones ilegales.
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino González, sostuvieron una reunión con representantes de las principales compañías de telefonía móvil, incluyendo Claro y WOM. El objetivo central fue analizar alternativas que permitan cerrar la vulnerabilidad en redes de comunicación usadas desde las cárceles para ordenar delitos como extorsiones y robos.
Según explicaron las autoridades, aún persisten retos técnicos, jurídicos y operativos que deben superarse antes de formular e implementar medidas concretas. Estos desafíos fueron abordados durante el encuentro, en el que también participaron la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes formarán parte de la estrategia integral.
El Ministerio TIC informó que se revisaron las restricciones vigentes y las dificultades que han impedido su plena efectividad. Las nuevas medidas están en evaluación y serán anunciadas próximamente, sin que por ahora se hayan detallado mecanismos específicos.
Los operadores presentaron inquietudes y propuestas en la mesa de trabajo, manifestando su disposición para colaborar con el Gobierno en la formulación de soluciones que frenen el uso indebido de dispositivos móviles en las cárceles. La ministra Alexandra Falla reiteró la intención del Gobierno de no permitir que desde prisión se siga coordinando la actividad delictiva, una situación que afecta la seguridad ciudadana.
Esta mesa interinstitucional busca fortalecer el control y monitoreo de las comunicaciones dentro y en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios, con el fin de obstaculizar la operación de organizaciones criminales que han logrado mantener sus redes pese a las restricciones actuales.
El trabajo conjunto entre los ministerios, las entidades de seguridad y los operadores móviles busca finalmente desarticular las cadenas de mando criminales que funcionan desde las cárceles, un foco histórico delictivo que el Gobierno pretende dejar atrás mediante soluciones técnicas y normativas.
Esta iniciativa corresponde a un compromiso público del Gobierno para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, procurando limitar espacios y mecanismos que facilitan la extorsión, el robo y otros delitos coordinados desde la prisión.
Fuentes oficiales anunciaron que en los próximos días se conocerán detalles sobre las nuevas medidas y el avance de esta política pública orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y la integridad del sistema penitenciario.
La información fue reportada originalmente por Semana.com.
Redacción ColombiaPrensa
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