COLOMBIA, 3 de septiembre de 2026. El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la reactivación de las órdenes de extradición hacia los Estados Unidos de cinco considerados cabecillas de diferentes estructuras criminales. La decisión responde a la falta de resultados concretos en la contribución a la paz nacional por parte de estos individuos, quienes anteriormente se encontraban en negociaciones de la denominada “Paz Total” con el Gobierno anterior.
Entre los extraditados se encuentran Willington Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, todos actualmente recluidos en centros penitenciarios. Asimismo, se incluyen dos individuos señalados como Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo Castillo, alias Pinocho, quienes permanecen prófugos de la justicia y serán extraditados a Estados Unidos tras su captura.
El mandatario explicó que esta medida forma parte de uno de sus compromisos de campaña, consistente en desmontar los diálogos de “Paz Total” impulsados por la administración anterior. Según De la Espriella, tras verificar cada caso con la oficina del consejero Comisionado de Paz, no se encontraron aportes verificables ni resultados positivos de estas personas para la consecución de la paz. Por el contrario, señaló que han continuado con actividades ilícitas, evadiendo la justicia y afectando a la sociedad colombiana.
Los extraditados son señalados por las autoridades estadounidenses por delitos graves relacionados con narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y narcoterrorismo. Por su parte, algunos de estos sujetos pertenecían a estructuras que en su momento sostuvieron diálogos de paz con el anterior Gobierno. Por ejemplo, alias Mocho Olmedo dirigía el Frente 33, del Estado Mayor Central, mientras que alias Muñeca y Pinocho eran miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Adicionalmente, alias HH y alias Araña eran comandantes de Comuneros del Sur, grupo disidente del ELN que en forma independiente también mantenía negociaciones. De ellos, se reportaron algunos avances como la entrega de artefactos explosivos para su destrucción y acuerdos para sustituir aproximadamente 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos, aunque estas acciones no fueron suficientes para evitar la reactivación de las órdenes de extradición.
Este anuncio implica un cambio significativo en la política de paz del Gobierno actual, que busca desvincularse de las estrategias del pasado y reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico a través de mecanismos judiciales internacionales. La extradición a Estados Unidos representa un paso en este sentido, con la expectativa de fortalecer la acción jurídica contra estructuras criminales que afectan la seguridad del país.
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Redacción ColombiaPrensa
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