COLOMBIA, 25 de septiembre de 2026. El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció acerca del reciente recorte presupuestal aprobado por el Congreso para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución clave en el proceso de esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado en el país.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 fue aprobado en primer debate por las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara, e incluye un recorte de 170 mil millones de pesos para la JEP. Esta reducción presupuestal comprende 30 mil millones para gastos de funcionamiento y 140 mil millones para inversión, recursos que serán reorientados hacia el fortalecimiento de la justicia ordinaria, según lo aprobado por la mayoría parlamentaria con 56 votos a favor y 11 en contra.
Ante esta decisión, el expresidente Petro destacó que la verdad es fundamental para la reconciliación nacional. “No podemos reconciliarnos si no hay verdad”, afirmó en un mensaje difundido en la red social X, donde señaló que la JEP debe ser considerada “el máximo tribunal de la verdad” sobre los conflictos armados colombianos. Además, solicitó un respaldo político amplio para la institución, enfatizando que “Colombia necesita mayorías para defender la verdad” y subrayó la necesidad de abordar la violencia de manera integral ya que afecta a toda la sociedad.
El líder político también respondió a críticas contra la JEP, vinculándolas con intereses que buscan evitar el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la confrontación armada. “Todo el que atenta contra la JEP está pensando en que se tape la verdad”, sostuvo, advirtiendo que ocultar estos hechos podría prolongar los enfrentamientos entre generaciones y poner en riesgo la esperanza de paz.
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, expresó públicamente su preocupación por el impacto operativo que tendrá el recorte presupuestal de 170 mil millones de pesos aprobado en primer debate. Ramelli reconoció las dificultades fiscales que enfrenta Colombia pero calificó la magnitud del ajuste como amenazante para la capacidad funcional del tribunal, al considerar que esta medida podría dejarlo “inoperante” y afectar procesos jurídicos relacionados con víctimas y comparecientes del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante una visita al departamento del Huila, el magistrado Ramelli solicitó al Congreso y al Gobierno nacional abrir un espacio de diálogo institucional para revisar el presupuesto, mostrando disposición para proporcionar toda la información requerida sobre la gestión de la JEP. Expresó además que las sentencias de la jurisdicción continúan siendo ejecutadas y que el tribunal seguirá cumpliendo sus funciones pese a las limitaciones económicas actuales.
Finalmente, el magistrado instó a centrar el debate en las necesidades de las víctimas y comparecientes, y reiteró la importancia de preservar el cumplimiento de las decisiones judiciales dentro del proceso de paz.
Redacción ColombiaPrensa
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