COLOMBIA, 21 de octubre de 2026. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha expresado cuestionamientos respecto al proyecto de ley denominado “estatuto antiterrorista”, promovido por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según el acta de una reunión interna del Consejo Superior de Política Criminal, a la cual tuvo acceso la AFP, algunos aspectos del proyecto podrían ser inconstitucionales y vulnerar derechos fundamentales.
El proyecto presentado por De la Espriella busca agilizar la identificación y sanción de grupos considerados terroristas, abarcando a organizaciones armadas, narcotraficantes y otras agrupaciones ilegales, permitiendo al gobierno clasificarlas como “terroristas” o “colaboradores del terrorismo” sin previo proceso judicial ni condenas. Esta medida forma parte del paquete de seguridad del mandatario, quien asumió el 7 de agosto con un enfoque de mano dura respaldado por Estados Unidos.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, advirtió que la inclusión en los registros del gobierno no debe ser considerada como prueba definitiva de culpabilidad para aplicar sanciones penales o patrimoniales por sí sola. Asimismo, se consideró que el estatuto atenta contra la presunción de inocencia y la propiedad privada, al contemplar el decomiso y congelación de bienes a personas o grupos señalados.
Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Paz y Reconciliación han manifestado que, bajo el argumento de la lucha antiterrorista, el proyecto podría esconder intereses políticos. Laura Bonilla, representante de la fundación, señaló que la ley funciona como un “caballo de Troya” que podría criminalizar discrepancias políticas.
El estatuto antiterrorista deberá ser discutido y aprobado en el Congreso de la República, donde el gobierno de De la Espriella cuenta con mayoría. El líder colombiano ha manifestado su intención de implementar políticas similares a las impulsadas por Washington, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, considerando como organizaciones terroristas a grupos ilegales en países de la región como México, Colombia y Ecuador.