COLOMBIA, 26 de octubre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirigió un oficio al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional para solicitar una explicación detallada sobre el retiro y traslado de piezas y contenidos museográficos relacionados con el conflicto armado interno, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas, que habrían sido removidos recientemente de la institución.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, fue quien firmó la solicitud en la que se requiere la entrega completa de la documentación que sustente la decisión de traslado, así como un inventario exhaustivo de los elementos afectados, que incluyen piezas, objetos, reproducciones, paneles y textos.
La JEP enfatizó que el propósito de esta petición es determinar si la acción tomada vulnera derechos fundamentales como la verdad, la memoria, la reparación simbólica y las garantías de no repetición para las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. En este sentido, es esencial conocer los criterios, protocolos y autorizaciones administrativas detrás de las intervenciones realizadas en las exposiciones del museo.
Además de la información sobre las piezas intervenidas, registros de inventarios y fotografías previas y posteriores, la JEP solicitó datos sobre las personas y dependencias responsables del retiro o traslado, así como la ubicación y custodia actual de dichos elementos. También pidieron incluir testimonios, relatos o documentación que permita la identificación plena de víctimas y organizaciones relacionadas.
El documento oficial menciona que cada museo tiene autonomía para realizar traslados o cambios cuando lo considere pertinente; sin embargo, cuando las intervenciones involucran testimonios y objetos de víctimas, la JEP sostiene que estas deben estar respaldadas con documentación suficiente y garantías para la protección de sus derechos.
Cabe destacar que, debido a una acción de tutela presentada por colectivos artísticos, un juez ordenó la suspensión provisional del traslado de las piezas desde el 19 de octubre de 2026, prohibiendo su destrucción, traslado fuera de las instalaciones, alteración o cualquier modificación sin actos administrativos que justifiquen dichas decisiones. Esta medida se mantendrá mientras se resuelve de fondo la tutela.
En paralelo, la JEP solicitó al Ministerio de Cultura clarificar si existió un diálogo previo con comunidades y aportantes de las piezas, además de informar sobre las condiciones actuales de conservación y las alternativas que se han evaluado para el acceso o reincorporación de las obras retiradas.
Esta solicitud de la JEP se enmarca en las labores de la entidad para garantizar la verdad y la memoria histórica en el marco del postconflicto, especialmente respecto a la desaparición forzada y la reparación simbólica a las víctimas en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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