COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. El Ministerio de Justicia anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento dirigido a organizaciones armadas ilegales, iniciativa que será radicada antes de la tercera semana de octubre. Esta propuesta busca establecer un mecanismo jurídico para quienes decidan abandonar las armas y colaborar con el esclarecimiento de actos criminales, sin que incluya negociaciones políticas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino González, expresó que la ley no abrirá espacios para acuerdos políticos con estructuras ilegales, sino que brindará herramientas legales condicionadas a la entrega de armas, la colaboración activa con la justicia y el cumplimiento de las normas estatales. El proyecto deberá superar cuatro debates reglamentarios en el Congreso, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, para su eventual aprobación.
Según Cancino, el Gobierno mantendrá una postura de persecución contra quienes persistan en actividades criminales y rechacen someterse al marco legal planteado. “Quien rete al Estado, que no acepte esto, que quiera seguir delinquiendo, va a ser perseguido con toda la contundencia que permita la Constitución y la ley”, afirmó. El proyecto se fundamenta en el respeto a la Constitución, tratados internacionales y los compromisos de Colombia en materia de justicia transicional.
El ministro destacó que el acceso a beneficios legales estará condicionado a la entrega real de información que permita conocer las rutas de movilización, fuentes de financiación y vínculos con hechos de corrupción y actores políticos. Adicionalmente, hizo énfasis en el papel central de las víctimas, quienes podrán intervenir en las decisiones sobre beneficios y posibles suspensiones de condena para miembros de grupos armados. “Las víctimas seguirán siendo el eje central”, aseguró Cancino.
La iniciativa establecerá que no basta con entregar recursos económicos para acceder a beneficios; se requiere el cumplimiento de obligaciones extraordinarias como la verdad, el perdón, el esclarecimiento de los hechos y la reparación efectiva a las personas afectadas por el conflicto. En ese sentido, la reparación deberá reflejarse en resultados tangibles y no limitarse al reconocimiento judicial o económico.
El ministro recordó que esta propuesta se enmarca en la experiencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que acumuló avances y desafíos en la justicia transicional en Colombia. Según un balance de la Rama Judicial, hasta marzo de 2025 se habían emitido cerca de 100 sentencias sobre casi mil postulados, con más de 127.000 víctimas reconocidas y un monto aproximado de seis billones de pesos en indemnizaciones.
No obstante, Cancino enfatizó en la necesidad de acelerar los procesos pendientes, conservar y sistematizar la información recopilada y garantizar que las órdenes judiciales se cumplan efectivamente. El Ministerio de Justicia propone una estrategia de cierre para Justicia y Paz, con plazos claros, gestión de recursos y la responsabilidad institucional para preservar el conocimiento y los archivos obtenidos en esta etapa judicial.
Con esta iniciativa, el Gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella busca establecer un marco claro y jurídico para el sometimiento de organizaciones ilegales, priorizando la colaboración judicial, la reparación a las víctimas y la aplicación estricta de la ley para quienes permanezcan en la ilegalidad.
Redacción ColombiaPrensa
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