COLOMBIA, 19 de octubre de 2026. El Ministerio de Salud y Protección Social anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre posibles irregularidades administrativas y financieras detectadas en el Hospital Departamental de San Andrés y Providencia. La medida se adoptó tras un reporte hecho público el pasado 25 de septiembre y luego de la visita del presidente Abelardo De La Espriella, quien alertó sobre un deficiente manejo en los recursos y equipos del centro hospitalario.
Las irregularidades encontraron evidencia en contratos relacionados con servicios básicos como aseo y radiología, cuyo manejo estaría vinculado a personas cercanas a la Gobernación de la isla. Asimismo, se detectó un contrato vigente por la adquisición de fotocopiadoras que asciende a 60 millones de pesos, con pagos mensuales habitualmente disputados en medio de la crisis institucional.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, enfatizó que la situación va más allá de aspectos financieros y afecta la operatividad del hospital, destacando que “los servicios no estaban funcionando como debían” y que se hallaron equipos médicos de alta tecnología almacenados y en proceso de deterioro. Anunció que se revisarán todos los contratos, facturas y demás inversiones para garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen exclusivamente para atender a los pacientes y cubrir las necesidades del talento humano y los insumos médicos.
El presidente De La Espriella ordenó la conformación de un equipo técnico especializado para auditar la contratación y contribuir a la recuperación del hospital. El Ministerio de Salud acompañará este proceso, centrando sus esfuerzos en identificar responsabilidades y asegurar que la infraestructura sanitaria de San Andrés y Providencia funcione adecuadamente para la comunidad local.
En el marco de las acciones para mejorar el servicio, la ministra anunció la llegada de una nueva ambulancia programada para el 30 de noviembre, junto con la adquisición de equipos biomédicos necesarios. Además, hizo un llamado a que las medidas no se limiten a un cambio administrativo, sino que contribuyan a devolver el hospital a la ciudadanía.
Finalmente, Vesga advirtió que quienes hayan incurrido en un manejo indebido de fondos públicos deberán responder ante las autoridades competentes, en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública en el sector salud. La situación en San Andrés pone en evidencia la importancia de mantener controles rigurosos para garantizar la operatividad de los servicios hospitalarios, especialmente en territorios insulares con desafíos logísticos y sociales particulares.
Redacción BusinessCol
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