COLOMBIA, 19 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, alertó sobre la gravedad de la crisis fiscal en Colombia y la necesidad urgente de implementar ajustes económicos para evitar consecuencias severas en el futuro próximo. El funcionario destacó que el Gobierno nacional debe avanzar en la ejecución del proyecto de Ley de Rescate Económico para estabilizar las finanzas públicas.
Durante su intervención ante las comisiones económicas del Congreso, el ministro presentó un diagnóstico fiscal preocupante con base en cifras proyectadas para 2025, que reflejan un déficit primario estimado entre 3,5% y 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, señaló que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se situó en 58,6% del PIB, acompañada de un gasto creciente en el servicio de la deuda que supera el 28% del mismo indicador.
Gómez Martínez advirtió que si no se toman medidas, los niveles de endeudamiento podrían escalar rápidamente, alcanzando hasta el 83,6% del PIB en 2030, lo que superarían el límite establecido en la Ley de Regla Fiscal que fija un tope máximo del 71%. Este escenario implicaría una crisis de pagos, con una reducción dramática en la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras.
El ministro enfatizó que la falta de acción por parte del Ejecutivo y el Congreso podría llevar a que los mercados financieros pierdan confianza en la economía colombiana, restringiendo el acceso a préstamos y generando un ajuste fiscal brusco y desordenado. Según las proyecciones oficiales, el costo del servicio de la deuda podría llegar a representar hasta el 44,9% del PIB en 2030, lo que significa que casi la mitad del Presupuesto General de la Nación se destinaría a atender el pago de obligaciones financieras.
En este contexto, el ajuste forzado incluiría un cierre de la financiación y un freno en el crecimiento económico, que inevitablemente se traduciría en un recorte significativo del gasto público para equilibrar las cuentas, con impactos negativos en los programas sociales y el bienestar ciudadano.
El ministro sostuvo que la consecuencia económica sería una fuerte contracción que incrementaría la tasa de desempleo, afectando a más de medio millón de personas, reduciría el ingreso per cápita y elevaría los índices de pobreza. Gómez Martínez alertó que el mercado no evaluará las implicaciones sociales de este ajuste, sino únicamente su impacto financiero.
Los datos y proyecciones entregados por el Ministerio de Hacienda sobre esta crisis fiscal apuntan a la necesidad de actuar con prontitud para evitar un colapso económico que afectaría directamente a la población. La Ley de Rescate Económico se presenta como el instrumento clave para reorientar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de las cuentas del Estado.
Esta advertencia se produce en un momento en el que la política fiscal colombiana se enfrenta a grandes retos derivados del aumento acelerado del endeudamiento y el gasto público creciente en intereses, que limitan la capacidad del gobierno para invertir en desarrollo, salud, educación y otros sectores estratégicos.
El llamado del ministro Gómez Martínez a los actores políticos busca fomentar un consenso para aprobar ajustes fiscales que permitan reducir el déficit, controlar el endeudamiento y preservar la estabilidad económica en el mediano y largo plazo.
Redacción ColombiaPrensa
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