COLOMBIA, 20 de agosto de 2026. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha enfrentado desde sus primeros días en el cargo un complejo ataque cibernético que compromete la información sensible de la entidad, así como procesos asociados a la seguridad nacional y la regulación de la comercialización legal del cannabis.
El episodio comenzó en enero de 2026 con un ataque progresivo de tipo ransoware, un virus que bloquea el acceso a redes y archivos a través de software malicioso y que suele exigir rescate para restablecer el acceso. Estos ataques, que han estado bajo anonimato, han puesto en riesgo información contenida en sistemas del Ministerio de Justicia, lo que implica una grave amenaza para la institucionalidad y procedimientos legales vinculados con el control y la regulación estatal.
Iván Cancino fue informado de los hechos durante una conversación con su antecesora Cielo Rusinque el 7 de agosto, un día antes de su posesión oficial como ministro. De inmediato, Cancino alertó a la opinión pública sobre la situación, destacando la gravedad del ciberataque y la necesidad de un esfuerzo conjunto para contrarrestar sus efectos.
En la respuesta al ataque, la Fiscalía General de la Nación y empresas especializadas en seguridad informática, como Microsoft, que presta servicios al Ministerio, activaron el equipo de detección y respuesta conocido como DART —o “escuadrón swat de seguridad”— para rastrear y bloquear las acciones maliciosas. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha brindado apoyo tecnológico para enfrentar esta amenaza.
El ciberataque ha tenido repercusiones concretas en la operatividad del Ministerio: por ejemplo, el Sistema de Información para Control de Sustancias y Productos Químicos (SICOG) ha sufrido inconvenientes que llevaron a la suspensión temporal de la obligación para los interesados de cargar documentos en la plataforma, implementando así medidas de contingencia.
Uno de los sectores afectados es el Mecanismo para el Control de Cannabis (MIC), que fue declarado temporalmente fuera de servicio. Esto implica que las solicitudes nuevas para licenciamiento deben hacerse presencialmente o a través de gestión documental, retrasando los procesos relacionados con la comercialización legal del cannabis en Colombia.
Entre 2018 y 2026, el Ministerio de Justicia ha expedido más de 3.200 licencias para la comercialización de cannabis, con alrededor de 1.500 relacionadas al cultivo de cannabis no psicoactivo. El mercado legal, aún incipiente, muestra un movimiento significativo, con ventas exteriores registradas por cerca de 15 millones de dólares en los últimos dos años y más de mil cultivadores y comercializadores inscritos, según datos oficiales de Procolombia e Invima.
El desafío tecnológico se suma a otras prioridades del ministerio, incluyendo la atención y gestión derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. La dimensión del ataque continúa bajo análisis forense para determinar el impacto total en la infraestructura tecnológica y los procesos administrativos del Ministerio de Justicia.
Este caso se presenta en el contexto de otros ciberataques recientes en Colombia, como el ocurrido en Ecopetrol hace unas semanas, que afectó aproximadamente a 330.000 archivos y a miles de cuentas de usuario, evidenciando una creciente amenaza constante a la seguridad informática en entidades públicas y privadas del país.
La situación destaca la importancia de fortalecer las capacidades de defensa y respuesta ante estos ataques, así como la cooperación multisectorial para proteger información estratégica de la Nación y garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales.
Redacción ColombiaPrensa
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