COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la reforma al decreto 003, que regula el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones públicas, en un contexto de próximas jornadas de protesta en diversas regiones del país. La información fue confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras un consejo de seguridad realizado en Cali, donde coordinaron estrategias con los ministros de Defensa, Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para garantizar una actuación efectiva ante eventuales alteraciones del orden público.
Durante la reunión, se revisaron riesgos específicos y se planificaron acciones para atender la seguridad, especialmente en la segunda semana de octubre, momento previsto para movilizaciones. El ministro Lara destacó que la prioridad del Gobierno es proteger el derecho a la protesta pacífica y adoptar una postura de cero tolerancia frente a cualquier acto de violencia. “Respeto profundo por la protesta pacífica, cero tolerancia con la violencia”, afirmó.
Las medidas de seguimiento se enfocan en Cali, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se anticipan posibles bloqueos y movilizaciones con impacto en las vías de comunicación. En particular, en Nariño se monitorea la situación en Remolinos, Taminango, además de sectores en Túquerres y las rutas hacia Ecuador. En el Cauca se presta atención especial a las movilizaciones indígenas y a la necesidad de mantener la transitabilidad por la carretera Panamericana.
El decreto reformado establece parámetros claros para determinar cuándo una manifestación legítima puede resultar en una situación que justifique la intervención estatal. La Dirección de Diálogo Social del Ministerio del Interior terminó de compilar observaciones al borrador que cerró periodo de comentarios el pasado 4 de octubre. El documento delimita conductas consideradas actos de violencia, tales como agresiones a personas, lanzamiento de objetos que puedan causar lesiones graves, retenciones de ciudadanos e instrumentalización de menores, sin menoscabar los derechos de quienes protestan pacíficamente.
Además, el decreto contempla ocho causas específicas para dar por agotado el diálogo en una protesta, incluyendo bloqueos a misiones médicas, afectaciones a servicios públicos, desabastecimiento, porte o uso de armas, retención de personas y agresiones a personal médico o de prensa. Estas precisiones buscan facilitar la actuación gradual de las autoridades, iniciando con gestores de convivencia municipales, diálogo directo con manifestantes y mediación. En caso de persistir hechos violentos, el alcalde puede movilizar el Puesto de Mando Unificado para implementar medidas disuasivas. Si estas no logran controlar la situación, interviene la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), ex Esmad.
Frente a bloqueos viales, el Gobierno se comprometió a habilitar corredores humanitarios para garantizar el paso de quienes requieren atención inmediata, evitando que cualquier cierre indefinido de vías afecte el orden democrático. “Siempre habrá corredores humanitarios, es decir, aquí un bloqueo eterno y total de una carretera es impensable en una sociedad democrática”, sostuvo Lara.
El ministro también respondió a críticas de sectores opositores que calificaron la reforma como autoritaria, negando esta percepción y señalando que la iniciativa busca regular y precisar condiciones para proteger el derecho a la protesta y garantizar la seguridad pública. Para sustentar su posición, comparó la normativa con regulaciones similares existentes en países como España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.
El decreto, firmado el 9 de octubre, refleja el interés gubernamental en anticiparse a puntos conflictivos y estructurar protocolos para garantizar manifestaciones pacíficas sin permitir actos violentos que vulneren derechos o pongan en riesgo la convivencia social.
Fuente: Infobae Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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