COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha presentado dos reformas clave enfocadas en definir y proteger el derecho a la protesta pacífica en Colombia, así como en fortalecer el marco legal para enfrentar el terrorismo y la criminalidad asociada. Estas iniciativas buscan establecer reglas claras para evitar que la protesta derive en actos violentos que afecten a la ciudadanía y fortalecer las herramientas del Estado para combatir nuevas modalidades criminales.
La reforma en materia de protesta introduce una definición precisa de lo que se considera protesta violenta, estableciendo causales verificables para declarar agotado un diálogo con los movilizados. Entre estas causales se incluyen el bloqueo del paso a ambulancias, la tenencia de armas o la destrucción de infraestructura pública. Además, plantea cinco niveles de respuesta ante eventuales situaciones de violencia, y crea corredores solidarios para garantizar el tránsito de ambulancias, bomberos, mujeres gestantes, niños y adultos mayores durante las manifestaciones.
El decreto también elimina la posibilidad de bloqueos permanentes en vías y transporte público, y permite que la fuerza pública actúe contra quienes agredan o destruyan bienes sin que se disuelva la marcha pacífica. El ministro Lara enfatizó que las marchas continuarán presumiéndose pacíficas, no requerirán permiso previo y la Policía no podrá usar armas de fuego en estos escenarios. Estas medidas, explicó, buscan equilibrar el derecho a la protesta con la protección de la seguridad ciudadana.
Este nuevo protocolo se presenta después de episodios registrados en 2021, cuando se documentaron agresiones contra la misión médica durante manifestaciones, incluyendo la mortalidad de una bebé intubada en una ambulancia que quedó atrapada en un bloqueo. Según datos oficiales, en aquel año se registraron al menos 123 agresiones a la misión médica en Valle del Cauca, de las cuales 49 afectaron a ambulancias. Estas situaciones evidencian la necesidad de un marco normativo que garantice el respeto al derecho a la protesta al tiempo que se protege la vida y seguridad de terceros.
Estatuto antiterrorista y actualización penal
Asimismo, el Ministerio del Interior, con el apoyo de los ministerios de Justicia y Defensa, ha desarrollado un proyecto para actualizar el estatuto antiterrorista vigente, el cual será revisado próximamente por el Consejo de Política Criminal. La propuesta responde a la necesidad de ofrecer una respuesta legal moderna y completa frente a amenazas emergentes como el uso de drones con explosivos, nuevas modalidades de extorsión y minería criminal como fuente de financiación del terrorismo.
Este proyecto incluye la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, posibilita congelar activos de estas organizaciones y restringir su capacidad para contratar con el Estado. Además, contempla el endurecimiento de penas y la implementación de un régimen especial para los líderes de estas organizaciones, con mecanismos para incentivar la desmovilización y sometimiento a la justicia de quienes decidan abandonar las actividades ilícitas.
El ministro Lara ha destacado la necesidad de tratar con firmeza a quienes cometen actos terroristas, independientemente de su denominación. Recientemente, realizó un sobrevuelo a las minas ilegales en el Baudó, Chocó, donde la explotación ilícita de oro financia estructuras criminales que generan violencia. Paralelamente, el Gobierno impulsa un proyecto para formalizar a mineros pequeños, condicionando la eliminación del mercurio en la actividad minera. Esta combinación busca fortalecer la legalidad y reducir los recursos que alimentan el crimen.
Respaldo y perspectiva legislativa
Ambas reformas cuentan con el respaldo de diversos sectores por su propuesta de equilibrio entre derechos ciudadanos y seguridad. No obstante, se enfatiza que para garantizar su permanencia, resulta necesario que estas normas tengan rango de ley estatutaria, ya que un decreto puede ser derogado por sucesivos gobiernos. La Corte Constitucional ha señalado que las reglas esenciales sobre el derecho de reunión deben elevarse a este rango para proteger su eficacia y estabilidad.
Las próximas manifestaciones programadas, incluyendo una movilización indígena en Cauca, servirán como prueba para evaluar la aplicación de estas nuevas normas. El llamado es a que las protestas sean multitudinarias, ruidosas y pacíficas, reconociendo que el Estado protege la protesta en esos términos, y no confunde ese derecho con actos de bloqueo, destrucción o violencia.
Fuentes: 360 Radio (https://360radio.com.co/protestar-si-bloquear-no-el-pais-necesita-las-reformas-del-ministro-lara/234776/)
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.