COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno nacional alertó sobre la posible financiación de campañas políticas del año 2026 a partir de rentas provenientes de la minería ilegal de oro en los municipios de Nóvita y el Baudó, en el departamento del Chocó. La advertencia fue realizada tras un sobrevuelo efectuado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien constató la magnitud del fenómeno con más de 100 retroexcavadoras operando sin permisos ambientales ni títulos mineros.
El vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, informó que tras este recorrido, el titular de la cartera del Interior presentó la hipótesis ante la Fiscalía General de la Nación para que sea investigada la presunta relación entre las economías ilícitas derivadas de la explotación ilegal del oro y el financiamiento de campañas políticas en las elecciones de este año. Asimismo, advirtió que este esquema podría repetirse en las elecciones regionales programadas para 2027.
Durante el sobrevuelo en el corregimiento de San Lorenzo, en Nóvita, así como en el área del Baudó, fueron evidenciados daños ambientales significativos como ríos desviados, amplias áreas de tierra removida y campamentos atribuidos a grupos armados ilegales. Estas operaciones mineras no solo carecen de los permisos correspondientes sino que, según la denuncia, emplean documentación fraudulenta y sustancias químicas para el proceso de beneficio del mineral.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno anunció la intención de presentar ante el Consejo de Política Criminal un estatuto que redefina la minería criminal no solo como una infracción ambiental, sino como una actividad que alimenta directamente las finanzas de grupos armados ilegales y otras economías ilícitas. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral contra las finanzas criminales, que también abarca la producción de cocaína y la extorsión.
El estatuto pretende fortalecer el marco jurídico para enfrentar la minería ilegal como un fenómeno que, según la Presidencia, no solo destruye ecosistemas y recursos naturales, sino que se ha convertido en “una caja de guerra y terror” que atenta contra la democracia y la seguridad en las regiones afectadas. El texto será discutido y ajustado en el Consejo de Política Criminal antes de su eventual presentación en el Congreso de la República, sin que hasta ahora se haya fijado una fecha oficial para su radicación.
Como parte de las medidas para debilitar las fuentes de financiación criminal, el Gobierno destacó dos operaciones recientes. En Chaparral, Tolima, el Ejército desmanteló dos centros de producción ilegal de oro asociados a la Comisión Jerónimo Galeano, con una capacidad estimada de seis kilogramos de oro mensuales, valorados en alrededor de 2.880 millones de pesos. Además, en Yuto, Chocó, fueron inutilizadas cuatro retroexcavadoras vinculadas a una subestructura del Clan del Golfo.
Estas acciones forman parte de la política estatal para combatir las economías ilícitas que sostienen a las organizaciones armadas ilegales en las zonas mineras. La denuncia pública se da en un contexto de crisis humanitaria producto del terremoto ocurrido en Chocó el pasado 10 de agosto, agravada por problemas de violencia, desplazamiento y explotación ilegal de recursos naturales.
El Gobierno diferenció expresamente entre la minería formal y la criminal, reafirmando su compromiso para mantener acciones contra la extracción ilegal mientras promueve la formalización minera conforme a la ley. En palabras del vocero Miller Soto, “el minero formal no es el enemigo. El enemigo es el que invade, pone el clan como portero y lava campañas políticas con oro de predio ajeno”.
La Fiscalía General de la Nación asumirá la investigación sobre las posibles conexiones entre la minería ilegal y el financiamiento de campañas políticas, mientras la fuerza pública continuará las operaciones para ubicar y desmantelar la maquinaria y estructuras dedicadas a estas prácticas ilegales en Chocó.
Esta alerta oficial pone nuevamente en la agenda pública el vínculo histórico entre economías ilícitas y procesos electorales, especialmente en regiones donde la minería criminal tiene una fuerte presencia y genera impactos ambientales, sociales y de seguridad que afectan el desarrollo local y nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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