COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El Gobierno nacional avanza en la presentación de un proyecto de Estatuto Antiterrorista que busca regular con mayor precisión la clasificación de organizaciones como terroristas y establecer un régimen jurídico especial para sus integrantes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la iniciativa incluye un mecanismo que permitiría que algunas estructuras criminales puedan ser retiradas de la lista oficial si deciden acogerse al sometimiento judicial.
Según detalló Lara, esta propuesta está en proceso de presentación ante el Consejo de Política Criminal y será posteriormente remitida al Congreso para su discusión. El proyecto, que contiene más de 130 artículos, está siendo construido de manera coordinada entre los ministerios del Interior, Justicia y Defensa.
Una de las novedades en el Estatuto es la incorporación de un procedimiento garantista para incluir y excluir organizaciones de la clasificación de terroristas. Este procedimiento prevé la posibilidad de que grupos criminales que se sometan a la justicia —en el marco de la ley de sometimiento que se adelanta conjuntamente entre los ministerios del Interior y Justicia— puedan ser retirados de la lista. En palabras del ministro Lara, “podrán ser excluidas, por ejemplo, cuando se sometan a la ley de sometimiento que está trabajando el ministro Iván Cancino con nosotros”.
El criterio para definir qué organizaciones son consideradas terroristas se fundamentará en las conductas que ejecuten y no en su presentación política. Como ejemplo, se mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya comisión podrá ser calificada como terrorista si realiza actos como ataques con granadas, drones o la siembra de minas terrestres.
También contempla el proyecto una serie de herramientas dirigidas a debilitar la capacidad económica de estas organizaciones. Entre ellas, mecanismos para identificar sus integrantes en listas oficiales, medidas para perseguir sus recursos y un régimen especial de aprehensión de bienes, distinto de la extinción de dominio.
Además, el Estatuto establece el aumento de penas para delitos cometidos por estas estructuras y un régimen penitenciario diferenciado para sus cabecillas. Otro aspecto destacado del proyecto es la regulación de operaciones militares especiales, contemplando la posibilidad de acciones con superioridad aérea o bombardeos, siempre bajo el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
El proyecto también incluye disposiciones para hacer frente a asonadas y a situaciones en las que grupos armados utilicen a la población civil como escudos, así como un capítulo que aborda la minería criminal, fenómeno especialmente relevante para el Ejecutivo.
Para el ministro Rodrigo Lara, el objetivo general del Estatuto Antiterrorista es ampliar las herramientas legales y operativas para enfrentar a las organizaciones catalogadas como terroristas y afectar sus fuentes de financiación, buscando fortalecer la seguridad y la justicia en Colombia.