COLOMBIA, 8 de septiembre de 2026. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) fue citado a un debate de control político en la Cámara de Representantes por el cierre de 20 emisoras de paz en zonas de conflicto, una medida que ha generado cuestionamientos sobre su impacto en el derecho a la información de más de 460.000 personas.
El representante Alejandro Toro, del partido Pacto Histórico, anunció la convocatoria dirigida a la ministra Alexandra Falla y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora Soto, con el fin de aclarar los motivos del cierre y otras decisiones relacionadas con medios de comunicación en Colombia.
Contexto y razones de la citación
Según el congresista Toro, estas emisoras hacen parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz, los cuales estarían siendo incumplidos con la suspensión de su operación. Toro advirtió que dichas medidas podrían constituir un detrimento patrimonial y vulnerar los derechos de información de la población que depende de estos medios, en especial en comunidades afectadas por el conflicto armado.
“A más de 467.000 personas se les está vulnerando el derecho a la información, que justamente de ahí nace este compromiso del Estado”, señaló el representante. También destacó que la existencia de estas emisoras no debe estar sujeta a cambios ideológicos o políticos, al tratarse de un acuerdo estatal derivado del proceso de paz.
Denuncias sobre posibles actos discriminatorios
En el marco de la citación, Toro también denunció presuntas prácticas discriminatorias contra periodistas indígenas vinculados a las emisoras. Mencionó que el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción a pesar de no tener contrato formal y que se habrían sugerido restricciones para que los comunicadores indígenas aparecieran en cámara, a menos que vistieran «de civil».
El representante recordó que el artículo 134A del Código Penal, modificado por la Ley 1752 de 2015, sanciona quien impida o restrinja arbitrariamente derechos por razones discriminatorias, incluyendo la etnia. Por ello, anunció que estos aspectos también serán incluidos en el cuestionario del debate político.
Objetivos del debate de control político
El debate convocado tiene como propósito determinar si la suspensión de las 20 emisoras de paz representa una violación de los compromisos del Estado con las comunidades en zonas de conflicto y si afecta el derecho a la información de cientos de miles de personas, además de esclarecer los procedimientos administrativos y las condiciones laborales de los periodistas involucrados.
La situación se sigue de cerca por su impacto en la garantía de derechos básicos y en la continuidad de iniciativas vinculadas a la reconciliación y el acceso a la información en contextos de vulnerabilidad.
Redacción ColombiaPrensa
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