COLOMBIA, 30 de septiembre de 2026. La muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, tras un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha, ha generado peticiones de organismos nacionales e internacionales para que se investiguen las circunstancias del caso y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El fallecimiento de Balanta ocurrió el 20 de septiembre después de que uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha lo redujeran y lo trasladaran a un centro hospitalario. Según la Defensoría del Pueblo, el hombre arribó al hospital sin signos vitales. Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el procedimiento continúan bajo investigación.
La Policía Nacional ha abierto una investigación disciplinaria y ha separado del servicio a siete uniformados mientras se realizan las investigaciones pertinentes. En este proceso, las autoridades señalan que los procedimientos se deben desarrollar conforme a la Constitución, la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Pronunciamiento de la ONU Derechos Humanos Colombia
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia expresó su “profunda preocupación” por la muerte de Balanta en custodia policial. El organismo recordó que la seguridad de las personas detenidas es responsabilidad del Estado y que debe garantizar la vida y la integridad personal de estas.
Además, la ONU hizo un llamado para aplicar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También instó a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Defensoría del Pueblo y su solicitud de investigación por posible discriminación
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación para determinar no solo las responsabilidades por la muerte de Donovan Balanta, sino también para establecer si durante el procedimiento hubo conductas asociadas con discriminación racial, incluido un posible perfilamiento racial.
Esta entidad ha mantenido contacto con personas cercanas a la familia y ha dado seguimiento a las movilizaciones convocadas para exigir el esclarecimiento del caso. Igualmente, participó en una mesa técnica convocada luego de una solicitud del Consejo Consultivo de Comunidades Negras de Soacha.
Antecedentes y contexto sobre racismo señalado por la Defensoría
La Defensoría relacionó este caso con los hallazgos realizados por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de Naciones Unidas (EMLER), que visitó Colombia en mayo de 2026. Este mecanismo identificó situaciones relacionadas con racismo estructural, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes, además de prácticas discriminatorias vinculadas con comparendos y traslados.
No obstante, la Defensoría precisó que estos hallazgos constituyen una evaluación general sobre Colombia y no una conclusión específica sobre el caso particular de Donovan Balanta.
La entidad pidió a la Policía avanzar en la investigación interna respetando el debido proceso, así como los estándares de derechos humanos relacionados con el uso de la fuerza. También instó a que se continúe con las acciones dirigidas a la prevención y eliminación de la discriminación racial y a considerar las recomendaciones formuladas por el mecanismo de Naciones Unidas.
Situación actual de la investigación
En síntesis, las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Donovan Balanta siguen siendo objeto de investigación por las autoridades. Los pronunciamientos de la ONU Derechos Humanos Colombia y la Defensoría del Pueblo ponen énfasis en la necesidad de una investigación rigurosa que establezca las responsabilidades y evalúe la posible existencia de conductas de discriminación racial.
Este caso ha acrecentado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía y la protección de los derechos de las personas en custodia estatal, especialmente de las comunidades afrodescendientes en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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