COLOMBIA, 3 de noviembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella anunció la terminación del contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora, empresa que ha administrado los recursos del magisterio durante 36 años. Esta decisión, tomada en medio de denuncias por presuntas irregularidades y criticada por la gestión de los recursos y servicios de salud para docentes, implica la apertura de una investigación profunda sobre la administración del Fondo.
El mandatario manifestó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que la relación contractual no será renovada. Además, enfatizó que esta medida busca poner fin a la opacidad, el despilfarro y la corrupción en el manejo de los recursos del Fomag, señalando específicamente el hallazgo de un patrimonio negativo superior a 3,1 billones de pesos y retrasos en pagos.
De La Espriella alertó sobre denuncias que vinculan la entidad con intereses políticos y económicos, indicando la existencia de un supuesto reparto político y cuotas millonarias que habrían beneficiado a abogados, políticos y personas vinculadas con la asignación de cargos dentro del Fondo. Ante tales señalizaciones, el presidente ordenó una auditoría forense para esclarecer el uso de los recursos, identificar irregularidades y establecer responsabilidades mediante los organismos de control correspondientes.
El Gobierno reafirmó que los hallazgos derivados de la auditoría serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que actúen conforme a sus competencias. El presidente lanzó una advertencia directa a cualquier político, funcionario, abogado o contratista que haya utilizado recursos del magisterio para fines irregulares, asegurando que deberán responder ante la justicia, independientemente de su condición o rango.
Respecto a los servicios que el Fomag presta actualmente a los docentes, especialmente en materia de salud y prestaciones, el Gobierno anunció que garantizará su continuidad durante el proceso de transición que tendrá una duración máxima de un año, evitando así afectaciones a los beneficiarios mientras se implementa un nuevo esquema administrativo.
Esta medida se enmarca en una etapa de revisión y transformación institucional impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la transparencia en la administración pública y rescatar la confianza en el manejo de recursos destinados a sectores clave como la educación. La decisión de no renovar el contrato con Fiduprevisora, una administración con más de tres décadas de vigencia y numerosos otrosíes, representa un cambio significativo en la gestión de los fondos para el magisterio.
El Ministerio de Educación, en conjunto con la Presidencia, viene adelantando las acciones necesarias para realizar esta transición con rigor técnico y responsabilidad, buscando implementar un modelo que garantice la eficiencia y la correcta asignación de recursos en favor de los docentes y la educación pública en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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