COLOMBIA, 3 de noviembre de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó recientemente ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca enfrentar el déficit fiscal, el endeudamiento público y el gasto estatal excesivo. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación ya que sus efectos recaerían principalmente sobre los trabajadores, las clases medias y los sectores más vulnerables, al tiempo que concedería beneficios tributarios a las grandes empresas y grupos económicos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han defendido la reforma argumentando la necesidad de enfrentar desequilibrios fiscales y evitar un posible default en las obligaciones financieras del país. Sin embargo, analistas advierten que el proyecto es una reestructuración de corte ultraliberal, orientada a limitar la intervención social del Estado y a favorecer a las élites económicas.
Uno de los puntos más criticados es la modificación del impuesto al valor agregado (IVA), que eliminaría la tarifa reducida del 5 % a partir de 2028 para productos básicos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate, que pasaría a la tarifa general del 19 %. Aunque el gobierno ha anunciado el mecanismo de devolución denominado EfectIVA para compensar a los sectores más vulnerables, expertos señalan que esta medida podría no ser suficiente para evitar el aumento del costo de la canasta básica, impactando con especial dureza a los hogares con menores ingresos.
Además, contempla incrementos en las contribuciones al sistema de salud para trabajadores dependientes e independientes, así como modificaciones en el impuesto de renta que afectarían a las personas naturales con ingresos medios. Por el contrario, la reforma propone reducir la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 % entre 2027 y 2028, y crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que otorgaría tarifas especiales para inversiones de gran magnitud, beneficiando principalmente a grandes conglomerados.
El proyecto también plantea una reducción del 20 % en el gasto de personal del Estado para 2028 y una disminución del 50 % en costos de contratación de servicios profesionales durante 2027. Estas medidas permitirían al Ejecutivo facultades para reorganizar y fusionar entidades públicas, lo que ha generado inquietudes acerca del debilitamiento del aparato estatal, especialmente en áreas sociales como salud, educación, protección ambiental y atención a víctimas.
Esta iniciativa ha generado discusiones incluso dentro de los sectores políticos afines al gobierno, donde algunos dirigentes de la derecha han expresado su desacuerdo con el aumento de impuestos a la clase media, aunque mantienen el respaldo a los recortes estatales y beneficios a las empresas. Este escenario refleja las tensiones políticas surgidas ante la implementación de un ajuste que amplía las cargas fiscales sobre los trabajadores y consumidores.
Adicionalmente, el contexto de esta reforma revive la memoria del estallido social de 2021, cuando una intentona similar de reforma tributaria generó masivas movilizaciones y protestas en todo el país. La igualdad, precariedad laboral y dificultades económicas vigentes mantienen latente el malestar social, lo que ha llevado a organizaciones sindicales y sectores populares a convocar a manifestaciones contra la Ley de Rescate Fiscal el próximo 19 de noviembre.
De acuerdo con diversos sectores de oposición, la reforma actualiza un modelo que favorecería a las élites económicas en detrimento de la mayoría, debilitando derechos sociales y limitando las capacidades del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991. Se alerta que la política propuesta podría profundizar la inequidad tributaria, donde se trasladan los costos del ajuste a trabajadores y consumidores mientras se preservan privilegios empresariales.
El gobierno sostiene que la reforma es una medida indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera del país y generar confianza en los mercados, postura que ha recibido respaldo del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la discusión pública continúa abierta sobre el equilibrio entre sanear las finanzas públicas y proteger el bienestar social, en un escenario marcado por tensiones y expectativas ciudadanas.
La expectativa está ahora en la respuesta de la ciudadanía y en las decisiones del ejecutivo para llevar adelante esta reforma fiscal, que representa un momento crucial para la política económica y social de Colombia en los próximos años.
Redacción ColombiaPrensa
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