COLOMBIA, 9 de septiembre de 2026. El Ministerio de Justicia de Colombia ha presentado un proyecto de decreto que propone que únicamente el Consejo de Estado sea competente para resolver en primera instancia las acciones de tutela interpuestas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuando estas se relacionen con el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado.
Esta iniciativa busca modificar el Decreto 1069 de 2015 y revertir la disposición vigente desde 2025, que delegó estos procesos a los jueces de circuito. Sin embargo, el proyecto mantiene esa distribución para tutelas dirigidas contra otras autoridades nacionales y preserve la naturaleza administrativa de dicha competencia, aclarando que no se crea un fuero especial para el mandatario.
El proyecto, elaborado bajo la dirección del abogado penalista Iván Cancino, plantea que las tutelas contra actuaciones u omisiones vinculadas al ejercicio de funciones presidenciales serán remitidas al Consejo de Estado. La Secretaría de Justicia sustenta que la posición constitucional del presidente —quien actúa como jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa— requiere que sus decisiones puedan ser revisadas por la máxima instancia administrativa para garantizar la correcta protección de los derechos fundamentales.
El sistema de distribución propuesto incluye que de cometerse alguna equivocación en el reparto de una tutela, el juez no podrá rechazar ni anular el trámite ni generar conflictos de competencia entre despachos judiciales. Se busca así preservar, según el documento, que el acceso ciudadano a la tutela para la protección de derechos fundamentales no se vea afectado por cuestionamientos procedimentales.
El cambio nace tras un fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá que ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por actos religiosos durante su ceremonia de posesión el pasado 7 de agosto, medida que generó controversia y motivó cuestionamientos sobre la competencia para resolver tutelas contra el mandatario.
Carlos Suárez, asesor y estratega político del presidente De la Espriella, ha sido uno de los principales promotores de retornar estas tutelas al Consejo de Estado, argumentando la necesidad de respetar la competencia originaria de esta corporación en dichos procesos. El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también apoyó esta posición públicamente.
El proyecto subraya que la medida no establecería un procedimiento judicial diferente para las tutelas contra el presidente ni modificaría sus responsabilidades disciplinarias y penales, las cuales seguirán siendo atendidas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La propuesta plantea un ajuste meramente administrativo en el reparto de las acciones de tutela, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y coherencia jurídica en el trámite de los procesos que involucran al jefe de Estado. A la vez, mantiene la jurisdicción de los jueces de circuito en casos relacionados con seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, para los cuales continúa vigente la competencia actual.
Este proyecto se encuentra abierto para recepción de comentarios y su aprobación definitiva requerirá los trámites administrativos establecidos. La propuesta genera un debate importante sobre la protección judicial del presidente en su función pública y el equilibrio entre el acceso a la justicia y la garantía de la institucionalidad.
Fuente: Infobae Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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