COLOMBIA, 17 de julio de 2026. A partir del próximo 20 de julio, el salario de los congresistas colombianos sufrirá una disminución superior a 17 millones de pesos mensuales, tras la vigencia del decreto 0030 de 2026, expedido por el gobierno saliente de Gustavo Petro. Esta medida, que deroga el decreto 2170 de 2013, ha sido cuestionada y derivó en una demanda presentada ante el Consejo de Estado para intentar revertir la reducción.
El decreto 0030 de 2026 eliminó la llamada “prima especial de servicios” que los congresistas recibían desde 2013, la cual equivalía aproximadamente a 16.9 millones de pesos mensuales y sustituía otras primas como las de localización, vivienda y salud. Esta prima era un componente adicional a la remuneración mensual ordinaria de los legisladores, diferenciándose de la prima de servicios que todos los trabajadores formales en Colombia perciben y que se mantiene vigente.
En el decreto, la Presidencia de la República señaló que la remuneración de los congresistas es desproporcionada respecto al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país. Por lo tanto, se exhortó a adoptar medidas de austeridad inmediatas y necesarias, sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni de los congresistas, para administrar y reducir gastos públicos con el fin de ahorrar cerca de 62 mil millones de pesos al año.
El entonces presidente Gustavo Petro defendió la medida, argumentando en sus redes sociales que era justo reducir el salario de los congresistas en un contexto donde se aprueban reformas tributarias que afectan a las poblaciones más vulnerables mientras se mantiene la protección de los sectores con mayores ingresos.
Sin embargo, la reducción ha generado controversia en distintos sectores políticos y judiciales. El procurador judicial Pedro Alirio Sandoval expresó preocupación sobre un posible efecto en cadena que afectaría las condiciones salariales y prestacionales de muchos servidores públicos, incluyendo jueces, magistrados, y funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Indicó que las políticas de austeridad no deberían comenzar con la disminución de salarios ni afectar garantías procesales.
Por su parte, el abogado Andrés Orjuela interpuso la demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que la derogación de la prima especial afecta directamente los derechos adquiridos en materia salarial y de prestaciones, impactando también a diversos empleados públicos cuya remuneración depende de esos beneficios. Señaló que a partir del 20 de julio sus representados, entre ellos magistrados y jueces, verán una reducción en sus ingresos.
La controversia sobre el decreto pone en evidencia las dificultades para equilibrar la austeridad fiscal con la protección de las condiciones laborales del sector público en Colombia, especialmente ante las presiones de ajuste presupuestal y requerimientos de eficiencia administrativa. Mientras tanto, el Congreso iniciará su periodo para 2026-2030, en medio de este debate sobre la remuneración que recibirán sus miembros.
La demanda en curso ante el Consejo de Estado será clave para definir el futuro de esta reducción salarial y su impacto en el sector público colombiano, en un escenario donde las medidas de contención del gasto se han convertido en un tema central para el Gobierno Nacional y la opinión pública.
Redacción ColombiaPrensa
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