COLOMBIA, 17 de agosto de 2026. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el aumento de los ataques contra la población civil y las amenazas dirigidas a los personeros municipales en la región del Catatumbo, donde persiste un complejo escenario de conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.
Según el organismo, en la última semana se han denunciado ataques tanto a la fuerza pública como a comunidades en zonas rurales de los municipios de Ábrego, Sardinata, Tibú y El Carmen, lo que refleja la persistencia de un contexto de riesgo y violencia para las personas que habitan esta región de Norte de Santander.
Ataques con drones y minas antipersona afectan a civiles
Uno de los hechos más graves verificados ocurrió en el sector de Mate Lata, en Sardinata, próximo a los límites con Tibú, donde seis personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron. La Defensoría solicitó a los grupos armados evitar involucrar a la población civil en las confrontaciones y alertó sobre los riesgos que representa el uso de estos vehículos no tripulados con fines bélicos en territorios habitados por civiles.
En otro incidente reportado en Pachelli, zona rural de Tibú, un adulto mayor sufrió lesiones graves luego de activar una mina antipersonal, lo que le provocó la pérdida de una extremidad. Estos hechos evidencian una situación humanitaria marcada por el peligro constante que enfrentan campesinos y habitantes rurales debido a la presencia de artefactos explosivos sembrados en sus territorios.
Amenazas contra personeros y estigmatizaciones
Además, la Defensoría manifestó su preocupación por las amenazas y estigmatizaciones dirigidas hacia los personeros municipales, quienes cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos dentro del Catatumbo. El organismo rechazó cualquier intento de vincular a estos funcionarios con actores armados, recordando que dichas acusaciones elevan el riesgo para su vida, integridad y ejercicio profesional.
En su comunicado, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas que garanticen la protección de estos funcionarios y resaltó la necesidad de que los grupos armados respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
Verificación de bombardeos y llamado a la Fiscalía
La misión de la Defensoría en la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto, también confirmó la realización de bombardeos por parte de la Fuerza Pública entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, tanto en ese sector como en Tibú. No obstante, uno de los hallazgos principales fue la ausencia de pruebas claras que señalen a la Fuerza Pública como responsable directa de las heridas causadas a tres civiles durante estas operaciones.
Por ello, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias en que resultaron lesionados los civiles y determinar la responsabilidad de tales hechos.
Contexto del conflicto y pedidos institucionales
La situación humanitaria en el Catatumbo viene prolongándose desde enero de 2025, con enfrentamientos armados que impactan directamente a las comunidades rurales. La Federación Nacional de Personeros (Fenalper) ha pedido mayor coordinación para fortalecer la seguridad y prevenir riesgos contra personeros y defensores de derechos humanos en la zona.
La Defensoría reiteró su llamado a los actores armados para que los civiles y autoridades civiles permanezcan al margen de los hostigamientos y los presuntos actos de violencia, resaltando su obligación de acatar el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población en medio del conflicto.
Redacción ColombiaPrensa
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