COLOMBIA, 3 de septiembre de 2026. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de la ejecución de los convenios relacionados con la emisión del nuevo modelo de pasaportes adoptado durante el gobierno de Gustavo Petro. La medida judicial afecta específicamente el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como cualquier acuerdo derivado de estos.
Esta decisión surge en el marco de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. En la demanda se cuestiona el esquema adoptado para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, un proceso que ha generado debates y preocupaciones sobre la planeación y seguridad de la ejecución.
El Tribunal aclaró que la suspensión cautelar no afecta el convenio que se mantiene vigente con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, empresa que también participa en la producción de los documentos. La decisión se basa en la falta de certeza sobre el grado real de implementación y cumplimiento de los convenios señalados, evidenciando cronogramas incumplidos, informes con información contradictoria y deficiencias en la planificación del proceso.
Ante esta situación, el Tribunal Administrativo exige a las entidades implicadas —Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo Rotatorio, Imprenta Nacional de Colombia y Casa da Moeda— presentar dentro de un plazo máximo de 20 días un detallado informe que incluya las actividades realizadas, las fases implementadas, el cumplimiento de compromisos contractuales, el estado actual de las libretas de pasaporte, el cronograma actualizado y cualquier documentación que permita verificar el avance real y las condiciones de seguridad del modelo implementado.
La suspensión provisional se mantendrá hasta que el Tribunal reciba y evalúe la información suficiente, objetiva y verificable que muestre el estado de ejecución del modelo, la disponibilidad efectiva de los documentos y las condiciones en las cuales se encuentran custodiados. Pese a esta medida, el Tribunal ordena que la expedición de pasaportes continúe sin interrupciones para no afectar a los ciudadanos.
Hasta el momento, ninguna de las entidades involucradas ha emitido pronunciamiento público sobre la decisión judicial. La orden judicial pone en la mira la gestión de la implementación de uno de los documentos de identidad más importantes en Colombia y podría generar efectos en el manejo administrativo y operativo de la expedición de pasaportes durante el presente año.
Según fuentes de El Nuevo Siglo, la acción popular y la decisión del Tribunal reflejan preocupaciones sobre una “planeación improvisada” en la ejecución del nuevo sistema, lo que ha motivado la intervención judicial para garantizar la seguridad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto de seguimiento estricto a los contratos y convenios suscritos por el Estado en el gobierno actual, reafirmando la función de los tribunales en verificar el cumplimiento y la transparencia en la administración pública, especialmente en asuntos de carácter estratégico como la expedición de documentos de identidad.
ColombiaPrensa continuará informando sobre el desarrollo del caso y las respuestas que entreguen las entidades involucradas.
Redacción ColombiaPrensa
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