COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña, expresó su preocupación por la asignación presupuestal que recibió la Rama Judicial, afirmando que está muy por debajo de las expectativas solicitadas, particularmente en comparación con los 16 billones demandados para su funcionamiento. La advertencia la emitió en medio del primer mes de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, durante una entrevista concedida al diario EL TIEMPO.
Montaña destacó que la relación entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado ha retornado a un ambiente de cordialidad y colaboración armónica, lo cual consideró como un escenario normal y constitucional para el funcionamiento de los poderes públicos. En este sentido, valoró la visita protocolaria del presidente De La Espriella al Consejo, donde éste reiteró el respeto y compromiso para acatar las decisiones judiciales, independientemente de si le son o no favorables.
Fallos recientes y responsabilidades en protestas
El magistrado también abordó el reciente fallo del Consejo de Estado que establece la responsabilidad civil de particulares y organizaciones por los daños ocasionados en protestas, como el caso de Ecopetrol que demandó a una corporación y a su líder por bloqueos que afectaron su operación durante 15 días. Este fallo reconoce el derecho a la protesta, pero condiciona su ejercicio para que no cause daños injustificados a terceros, estableciendo así un precedente importante en la jurisdicción contencioso administrativa.
Según Montaña, aunque esta decisión es relevante, se circunscribe a un juicio particular de responsabilidad y no implica la fijación de reglas generales sobre el derecho a la protesta, que corresponde a otras instancias judiciales como la Corte Constitucional.
Reformas judiciales y compromisos con el Congreso
Sobre la agenda legislativa que prepara el Gobierno en materia judicial, el presidente del Consejo indicó que aunque el Consejo de Estado tiene funciones constitucionales para presentar iniciativas y emitir opiniones, su participación depende de la invitación que pueda recibir tanto del Ejecutivo como del Congreso. En caso de ser convocados, señaló que actuarán con un espíritu constructivo para contribuir en la mejora de la justicia.
Además, Montaña puntualizó que uno de los principales desafíos de la jurisdicción contencioso administrativa es la congestión judicial, que afecta los tiempos de respuesta. Entre las soluciones planteadas resaltó la necesidad de aumentar el número de jueces administrativos unipersonales para descongestionar los procesos y acercar la justicia al ciudadano en diferentes municipios del país.
También se están evaluando reformas normativas vigentes, como la Ley 2080 de 2021, cuyo impacto ha sido mixto, buscando optimizar la distribución de funciones entre los jueces para mejorar la eficiencia judicial.
Preocupación presupuestal y operatividad judicial
Montaña manifestó una preocupación general dentro del sector justicia por el monto asignado en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la Rama Judicial, el cual calificó como muy inferior a las expectativas. Recordó que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia establece un porcentaje progresivo del 3 % del presupuesto nacional para la Rama, y que esta proporción debería reflejarse plenamente para asegurar una adecuada operación del sistema judicial.
Precisó que la asignación presupuestal afecta principalmente los gastos de funcionamiento, vitales para el normal servicio de la justicia. En este sentido, el Consejo de Estado ha hecho la respectiva manifestación ante el Consejo Superior de la Judicatura, que a su vez ha presentado su inconformidad ante el Congreso de la República.
Decisiones administrativas y futuro judicial
Sobre decisiones recientes del Gobierno, como el levantamiento de restricciones para el porte de armas y la aspersión aérea con glifosato, Montaña destacó que el Consejo de Estado actuará como juez natural ante eventuales demandas, sin emitir comentarios previos sobre esos actos administrativos.
El magistrado concluyó reafirmando la obligación constitucional de colaboración armónica entre ramas del poder público, resaltando que la justicia debe contar con los recursos y reformas necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la operación eficiente del sistema judicial en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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